La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió públicamente este sábado al escándalo judicial conocido como la trama bielorrusa, que ha sacudido a la Corte Suprema y al sistema judicial chileno.

A través de una publicación en su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia y abanderada presidencial pidió que “el fiscal nacional considere la urgente designación de un fiscal especial para investigar a fondo la nueva posible red de corrupción en Justicia”.

En el mismo tenor, adelantó que “cuando asuma como presidenta, cambiaré la designación de ministros de Tribunales de Justicia y el nombramiento de Conservadores".

El mensaje surge en medio de la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga una presunta red de cohecho, soborno y lavado de activos en torno a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, estos tres últimos que fueron formalizados, audiencia que se extiende hasta el lunes.

De igual modo, se refirió a la sesión del próximo lunes en la Sala del Senado, donde los legisladores se abocarán a conocer la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por “notable abandono de deberes”, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados diera curso a la citada acusación.

“Todo Chile estará mirando lo que pase el lunes en el Senado, respecto del ministro Ulloa”, puntualizó.

El caso que sacude al Poder Judicial

La llamada trama bielorrusa resurgió tras la detención de Vargas, Lagos y Migueles, quienes fueron imputados por recibir millonarios pagos a cambio de fallos favorables para el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que mantenía una disputa judicial con Codelco.

Según la Fiscalía, Vivanco habría intervenido en siete resoluciones judiciales entre 2023 y 2024 que beneficiaron directamente a Belaz Movitec, permitiendo que la empresa obtuviera pagos por más de $17 mil millones de la cuprífera estatal.

A cambio, tanto ella como su pareja habrían recibido -según el ente persecutor- $69 millones, distribuidos en tres operaciones distintas, en una trama de presuntos sobornos y lavado de activos.

Uno de los episodios más llamativos, denominado por los fiscales como “la ruta de los US$15.600”, describe cómo el 5 de julio de 2023 Migueles habría cambiado esa cantidad en una sucursal bancaria, justo un día después de un fallo favorable al consorcio.

El Ministerio Público sostiene que los fondos provendrían de transferencias realizadas por la oficina de abogados de Lagos y Vargas, y que el dinero se intentó blanquear mediante una casa de cambio.