Hace justo una semana, en el piso 10 de la Fiscalía Nacional, todos los persecutores regionales estaban reunidos con el fiscal nacional Ángel Valencia en una nueva sesión del consejo general de fiscales. La máxima instancia del Ministerio Público llevaba dos días sesionando y abordando los temas ordinarios de la tabla, cuando los fiscales tocaron un punto que hace varios días venía incomodando a los funcionarios al interior del Ministerio Público.

El lunes de esa misma semana, La Tercera dio a conocer un cambio de reglamento, firmado por Valencia, que flexibilizaba las reglas internas de la Fiscalía permitiendo que los funcionarios de menor rango puedan militar en partidos políticos.

El cambio reglamentario provocó un remezón silencioso en el Ministerio Público. De hecho los mismos fiscales regionales quedaron sorprendidos de que fueran notificados poco antes de la publicación en este medio, siendo que la modificación fue firmada en abril.

Por lo mismo las máximas autoridades de cada jurisdicción de la Fiscalía sabían que en ese consejo general el tema sería una discusión obligada. Además eran varios quienes tenían interés de comentarlo, sobre todo por los riesgos que creían que se podían abrir al flexibilizar este tipo de prohibiciones.

Sin embargo, fue el mismo Valencia quien aprovechó la instancia para poner el tema sobre la mesa. Y lo hizo con bastante molestia ya que él mismo no estaba de acuerdo con la modificación reglamentaria que, de cierta forma, se vio obligado a ejecutar.

Fue tan categórico, cuentan fuentes que estuvieron en la instancia, que partió su intervención marcando una clara distancia con el asunto. “Esta es una mala ley. Amenaza la autonomía, la independencia y la credibilidad del Ministerio Público”, afirmó Valencia según fuentes consultadas por La Tercera.

La máxima autoridad del Ministerio Público además aseguró que no solo no está de acuerdo con que sus funcionarios tengan militancia política, sino que considera que todos los trabajadores deben tener la prohibición de participar en primarias voluntarias.

En sus palabras el fiscal nacional hacía referencia al cambio que tuvo hace un tiempo la ley orgánica constitucional de partidos políticos ya que ese es el origen del cambio reglamentario que ocurrió en el Ministerio Público.

El origen del problema

En un inicio esa ley señalaba que no podían afiliarse a una formación política el personal del Ministerio Público. Pero las últimas modificaciones a esa norma -específicamente al artículo 18- acotaron la restricción y el texto vigente explicita que no podrán afiliarse a partidos políticos “los fiscales del Ministerio Público y los abogados asistentes de fiscales”. Es decir, se excluyó a los funcionarios de rangos menores de la institución a cargo de la persecusión penal.

Siguiendo su intervención, Valencia relató a los fiscales regionales cómo comenzó este problema, algo que data desde antes de su administración. Fue en abril de 2021, bajo el mandato del exfiscal nacional Jorge Abbott, que la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) presentó denuncia en un procedimiento de tutela laboral por vulneración a la libertad de opinión.

En el marco de ese pleito, para poner término al juicio, en abril de 2022 Abbott y la Fenamip firmaron un documento en que se establecía la necesidad de actualizar las instrucciones impartidas por el fiscal nacional en materia de derechos electorales.

Fue ese acuerdo de Abbott, según fuentes de la Fiscalía Nacional, que se dejó constancia que no se prohíbe a los funcionarios realizar aportes económicos a campañas de conformidad a la ley, la expresión de opiniones a través de redes sociales ajustándose a las orientaciones del Código de Ética, ni la afiliación a partidos políticos, manteniéndose esa prohibición solo respecto de los fiscales y abogados asistentes por expresa disposición legal del artículo 18 de la ley orgánica de partidos políticos.

Tras el acuerdo alcanzado por Abbott, la Fenamip se desistió de su denuncia y el CDE dio luz verde para terminar el juicio.

La jugada de Valencia

Luego de sus palabras, los fiscales regionales abrieron el debate. La opinión fue unánime: todos los presentes en el consejo general fueron de la idea de que “no corresponde que funcionarios tengan militancia política partidista”.

Las razones entregadas apuntaron a que se pone en riesgo el principio de objetividad, uno de los valores más preciados de la institución.

Los fiscales también coincidieron en el obstáculo legal que plantea la ley orgánica de partidos políticos ya que su última versión solo hace referencia a fiscales y abogados asistentes. En esa misma línea, todos estuvieron de acuerdo en que el oficio que firmó Valencia “técnicamente fue una adaptación de la normativa interna a la actual”.

Un fiscal regional dice que durante el consejo se comentó que “la normativa interna no puede prohibir algo que la ley permite expresamente, de lo contrario habría que modificar la ley”.

Esa fue la razón por la cual Valencia propuso a los fiscales regionales citar a un consejo extraordinario para abordar este tema de forma particular. El fiscal nacional comentó que su opinión personal ya la dejó bastante clara, pero su objetivo es tener el respaldo de todo el consejo general de fiscales.

Así lo explica el mismo Valencia luego de ser consultado por La Tercera sobre este punto: “La ley de partidos políticos vigente prohíbe la militancia solo a fiscales y abogados asistentes, no así a otros funcionarios del Ministerio Público. Ante la posibilidad de que se presente un proyecto para modificar esa norma, y considerando que el fiscal nacional podría ser citado a emitir una opinión, propusimos al consejo general consultar de manera extraordinaria si existe una visión común entre los fiscales regionales. Se trata de un tema relacionado con derechos constitucionales, y por lo tanto consideramos adecuado que, de haber consenso, esa opinión refleje no solo la postura del fiscal nacional, sino también la del conjunto del Ministerio Público.”