El informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica encendió las alertas sobre el rol de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) en la fiscalización del sistema. Pero fue el segundo informe del organismo -que detectó deficiencias graves, demoras injustificadas y riesgos críticos en el control de licencias- el que terminó por agudizar los cuestionamientos a la gestión del organismo, especialmente el de la superintendenta Pamela Gana.

Ya la habían apuntado hace unas semanas, cuando se descubrió que existe un convenio que pudo haber detectado el fraude las licencias y los viajes al extranjero hace mucho tiempo: desde 2014 existe una alianza entre la Policía de Investigaciones y la Super de Seguridad Social para intercambiar información sobre viajes al extranjero en periodos de reposo. Eso sí, esto nunca se ha llevado a la práctica con pacientes, el ejercicio que sí hizo Contraloría.

Por esta razón Gana fue citada a la Comisión de Salud del Senado la semana pasada para rendir cuentas. Pero este martes los cuestionamientos se intensificaron aún más, luego de que el organismo encabezado por Dorothy Pérez revelara nuevas fallas, como el incumplimiento de un convenio con Fonasa y también la desactualización de la circular que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto del otorgamiento y uso correcto de la licencia médica electrónica, mediante la aplicación de medidas de control, fiscalización y de sanciones.

Esto hizo que los parlamentarios fueran aún más lejos: pidieron derechamente la renuncia de la superintendenta.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC) aseguró a La Tercera que “es insostenible la continuidad de la superintendenta, porque ya cuando fue convocada en dos oportunidades a la Comisión de Salud, claramente lo que obtuvimos fue una extensísima charla respecto a los fenicios, pero poco concreto respecto del problema para el cual fue convocada, que eran las licencias médicas fraudulentas. Eludió absolutamente las responsabilidades personales e institucionales”.

El senador Sergio Gahona (UDI), quien también integra la misma comisión, coincidió que “la superintendenta de la Suseso ha dicho en la Comisión de Salud que ya no fiscalizan personas, pero resulta que la ley sí la faculta para fiscalizar el uso de licencias médicas. La verdad es que aquí se tienen que asumir responsabilidades, y las responsabilidades por el mal funcionamiento de un servicio las tiene que asumir la jefatura superior”.

Pero esta opinión no es única ni tampoco se limita a un sector político. Desde el oficialismo también han planteado esto.

Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro (PS) comentó que “el informe le pone una lápida a una mala gestión donde lo natural es que quien dirige la superintendencia dé un paso al costado en aras de una vez por todas de tener una institución eficiente que es la que el país requiere”.

Incluso, uno de los primeros en plantear su salida fue el senador Alfonso de Urresti (PS), quien durante una de las comisiones en las que se abordó el tema de las licencias exigió la asistencia de la superintendenta.

“¿No está la Suseso? ¿Nadie asume la responsabilidad política acá? El convenio entre la Suseso y PDI es una cosa que simplemente hay que usar datos, ni siquiera usar un software (…) La directora de la Suseso me imagino que estará poniendo su cargo a disposición o se le estará cayendo la cara de vergüenza”, lanzó el legislador socialista.

Esto ha traspasado el Senado. En la Cámara de Diputados también hay una mirada crítica. De hecho, la presidenta de la Comisión de Salud, Helia Molina (PPD), aseguró que “me parece bastante grave lo que la Contraloría manifiesta en su declaración. No es algo nuevo. Yo, en realidad, llevo años relacionándome con el Ministerio de Salud, con las Compines, con la Suseso, y esto tiene un arraigo porque no se cuenta con sistemas modernos de información. Yo creo que si queremos que las cosas realmente se hagan bien, que haya menos errores humanos y que se pueda ser muchísimo más exhaustivo y preciso en el seguimiento y el control”.

Mientras que el diputado Hernán Palma (FREVS) cuestionó el rol de Gana en la fiscalización: “El escándalo ocurrido por el uso fraudulento de licencias médicas dejó en evidencia una serie de problemáticas que están directamente relacionadas con este tema, como la falta de interoperabilidad del sistema y la evidente mala gestión por parte de quien están a cargo de la Suceso. Es preocupante la falta de cumplimiento en convenios relevantes que podrían haber permitido anticipar y prevenir estos fraudes”.

Y la diputada Ana María Gazmuri (AH) solicitó cambios en los métodos de la Suseso: “Exigimos respuestas, pero también cambios concretos, es decir, una modernización digital, transparencia real y responsabilidades políticas claras. No puede ser que el Estado llegue tarde una y otra vez, y encima lo haga con excusas”.