A partir del mediodía de este miércoles comenzó la última reunión entre los propietarios de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela -Ricardo Posada y Esteban Solari, representados por su abogado Diego Pereira-Fonfach- y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Carlos Montes, con Gloria Maira como encargada de las negociaciones. Horas después, la última cita terminó sin acuerdo, dando por fracasadas las negociaciones.

Así lo hicieron ver los propietarios del terreno, a través de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., en un escrito al que tuvo acceso La Tercera: “Como es de público conocimiento, nuestro terreno ubicado en el cerro La Virgen de la comuna de San Antonio fue usurpado ilegalmente a partir del 19 de octubre de 2019. Desde entonces nos enfocamos en revertir esta situación con denuncias y procesos judiciales, a pesar de que incluso algunas autoridades locales de la época apoyaron y azuzaron a los usurpadores”, contextualizan.

Y luego de recordar que la Corte Suprema dictaminó el desalojo del terreno y que se estableció una mesa con el gobierno para intentar evitar el desalojo, “en el día de hoy, 3 de septiembre, hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto”.

“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, se extienden, añadiendo que “como inmobiliaria hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.

Así, señalan que “en los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo” y que “lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno o, en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”.

Por su parte, el Minvu emitió una declaración pública tras el fracaso de la mesa de trabajo.

“Tras 17 sesiones, los resultados no fueron los esperados. Los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las condiciones comerciales exigidas por los representantes de los propietarios, quienes han abordado esta operación como una compraventa más”, señalaron desde la cartera.

El ministerio agregó que, si bien los dueños tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la transacción bajo el principio de libertad de contratación, “una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”.

Respecto a la tasación, el Minvu enfatizó que “el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el ministerio, no es un valor financiable ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias”. En esa línea, precisaron que “el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales”.

Asimismo, aseguraron que “nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”.

Finalmente, desde la cartera destacaron que se asumieron compromisos dentro de sus competencias para habilitar un mecanismo de financiamiento. “Se solicitó a BancoEstado definiciones para desarrollar una propuesta de financiamiento mediante crédito y se sostuvieron reuniones periódicas de trabajo con entidades públicas y privadas para avanzar en este objetivo”, puntualizaron.

Las negociaciones

Según fuentes cercanas a ambas partes, por un lado el Minvu se ha resistido a entregar una garantía explícita sobre la participación de BancoEstado, ya que con el precio que actualmente exigen los propietarios sería inviable que la entidad financiera se sume al proceso. De ahí que, para el ministerio, el problema central era el valor del terreno, mientras que para los dueños el nudo de la negociación era un documento o declaración que asegurara la presencia del banco.

Después de varias extensiones de plazo, este miércoles vence el último para que las partes encuentren un punto común, en el marco de la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó ejecutar el desalojo de más de 10 mil personas que habitan el terreno de 260 hectáreas.

Sin embargo, los puntos que ya habían trabado las conversaciones hace dos semanas fueron insalvables, lo que hasta el cierre de esta nota está derivando en un revés para el Ejecutivo y proyectar la imagen de miles de familias siendo desalojadas. Es por esta razón que desde La Moneda están monitoreando todo este proceso, porque tras no llegar a acuerdo las gestiones deberían pasar desde el Minvu al Ministerio del Interior para trabajar en un plan de desalojo.

Los plazos iniciales habían culminado el 25 de agosto, pero la falta de acuerdo y la ausencia de condiciones para una salida pacífica llevaron a los propietarios y al Minvu a extenderlos hasta este 3 de septiembre.

Tal como adelantó La Tercera, las negociaciones se habían entrampado en dos puntos principales: el precio del terreno y la garantía de participación de BancoEstado, que forma parte del financiamiento del mecanismo de compra a través de las 40 cooperativas integradas por habitantes del terreno e impulsadas por la cartera de Vivienda.

En ese sentido, el propio ministro Montes ha sostenido conversaciones con el director del banco, Daniel Hojman, cercano al Partido Socialista, para confirmar su compromiso.

Por su parte, Gloria Maira aclaró hace algunos días que “estamos trabajando básicamente con BancoEstado en este sentido”, y desde el ministerio algunas voces aseguran que otra entidad ligada al financiamiento de cooperativas también participaría en la operación.

Consultado, BancoEstado declinó referirse a la mención realizada por Maira sobre su participación en el proceso de financiamiento para la adquisición del terreno.

El segundo punto que ha marcado las negociaciones es la definición del precio del terreno, que casi siempre se mantuvo con diferencias significativas, pero que, según el reciente escrito de los dueños del terreno, se habría acordado.

El propio ministro Montes había abordado el tema en un punto de prensa durante la entrega de un conjunto habitacional en La Pintana: “El acuerdo no es cercano, no es fácil, y la diferencia fundamental es el precio. Estamos haciendo lo imposible para que haya una solución, no queremos que haya desalojo”, afirmó. Y agregó: “Si esto no resulta, será porque no hay acuerdo en el precio, en definitiva, porque ellos quieren tratar esto de otra manera”.

Según la posición del Minvu, los propietarios han enfrentado la negociación únicamente desde una mirada comercial, sin considerar la relevancia del mecanismo de cooperativas impulsado por la cartera, que busca garantizar una salida socialmente viable para las familias del terreno. Encima, en la cartera se ha analizado que el terreno ya está erosionado, que es complejo y el valor de mercado a juicio del gobierno no es el que los empresarios querían.