Las últimas semanas el foco de la investigación del caso ProCultura ha estado en la disputa del Ministerio Público con los tribunales de Antofagasta para lograr autorización para diligencias intrusivas que catalogaban como clave para el desarrollo de las pesquisas, como el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de la fundación y de personas ligadas a la cúpula de la organización.

Junto con eso, el caso hizo noticia por el traslado de la arista vinculada al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta al 7° Juzgado de Santiago, a solicitud de la defensa de la autoridad regional.

Pero eso no ha sido lo único. En reserva los principales imputados de esta causa ha ido avanzando en sus respectivas estrategias procesales. Todo en el marco de la indagación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el fiscal regional Juan Castro Bekios.

Uno de ellos es el siquiatra Alberto Larraín, cofundador de ProCultura y quien asoma como pieza clave para el ente persecutor, como ha quedado establecido en el expediente de la indagatoria.

El profesional ha declarado en dos oportunidades ante los investigadores en calidad de imputado, se le ha alzado el secreto de sus cuentas, se le incautaron dispositivos electrónicos, aunque hasta ahora se ha mantenido sin hacer mayores comentarios públicos. Desde su entorno, eso sí, son claros en sostener que mantiene activa colaboración en las pesquisas.

De hecho, ese es el camino que seguirá con la nueva dupla de abogados que lo representan y quienes recientemente ingresaron el escrito donde asumieron formalmente el patrocinio y poder del psiquiatra.

Tras el fallecimiento de su antiguo abogado, Pablo Huidobro, Larraín fichó a uno de los exabogados del exsubsecretario Manuel Monsalve, Cristián Arias, y a su hij, Vicente Arias.

La decisión fue comunicada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta el pasado viernes 17 de octubre, por lo que ahora ambos penalistas podrán actuar en representación del mandamás de la ONG y requerir diligencias.

Por medio del escrito, eso sí, dejaron establecido que su presentación se realiza “sin perjuicio de las alegaciones que pudieran formularse respecto de la competencia de este tribunal”.

Los lineamientos

Consultado respecto de su ingreso a esta causa, Cristián Arias comentó que, para ellos, tendrán que hacer frente a una caso donde ya se han instalado una serie de teorías y juicios previos.

“Enfrentamos un caso absolutamente contaminado por la desinformación, diligencias fallidas, querellas políticas y declaraciones mediáticas grandilocuentes que luego resultan infundadas”, sostuvo el profesional.

Asimismo, recalcó que “la definición es mantener la colaboración, relevar que esto ha resultado en un juicio anticipado de una entidad con catorce años haciendo bien las cosas y que nadie se ha enriquecido".

El penalista dijo estar consciente, de todas maneras, de que “la tarea será ardua para comenzar a remontar los prejuicios y contribuir a establecer la verdad”.