El caso ProCultura ha sido como una bomba de racimo que ha salpicado a varios dirigentes del oficialismo, y en particular del Frente Amplio. Uno de los nombres que se repite en la carpeta de investigación de este caso es, justamente, el de una de sus figuras más relevantes en el Congreso: el diputado por el distrito 6 de la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez. Y es por su nexo con quien es investigado por ser probable “cabecilla” de una asociación ilícita: el siquiatra y cofundador de la ONG, Alberto Larraín.

Es en medio de ese escenario que, a comienzos de semana, Ibáñez intentó contactar al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera las pesquisas del caso ProCultura, entre otras múltiples causas vinculadas con hechos de corrupción y de alta connotación pública.

Lo hizo a través de un correo electrónico, replicando la fórmula que semanas antes utilizó su compañero de colectividad, el también diputado y abanderado presidencial del FA, Gonzalo Winter. Un reportaje de Mega vinculaba al abogado con el caso de la frustrada compra de la clínica Sierra Bella, y, para aclarar cuál era su condición en esta causa, Winter escribió directamente al correo institucional de Cooper.

Winter: “Junto con saludarlo, me dirijo a usted con el propósito de solicitarle que me ayude a esclarecer una información que me ha causado gran sorpresa. Una periodista del medio de comunicación Mega me ha dicho que estoy citado a declarar en la causa penal que usted tiene a cargo, conocida como “Sierra Bella”. Sin ánimo de abusar de su tiempo, ¿sería posible que usted me ayude a esclarecer esta información? De antemano, muchas gracias".

El correo fue respondido en esa oportunidad, cuatro horas después, por el fiscal regional.

“Estimado Señor Winter, la información es totalmente falsa. saluda atentamente Patricio Cooper. Enviado desde mi iPhone”.

Al día siguiente de la controversia con el medio de comunicación, Winter citó a una conferencia de prensa y expuso lo que le había señalado el investigador del Ministerio Público, acompañado también por el comunicado oficial de la Fiscalía Regional de Coquimbo que le daba la razón respecto a que no existían antecedentes que ameritaran una citación para el candidato a La Moneda.

Sin embargo, en el caso de Ibáñez su correo no tuvo respuesta. En jerga juvenil, el fiscal Patricio Cooper lo “ghosteó”, es decir, no contestó a su requerimiento de información.

Y es que al interior del Ministerio Público no fue “bien evaluado” el que Cooper, la vez pasada, atendiera vía correo electrónico una petición de información, aunque fuera de un diputado. Esto, ya que en el propio Código de Procedimiento Penal está normado cómo se debe solicitar este tipo de informaciones por parte de quienes se sienten afectados por una investigación penal, y la correspondencia no es la vía idónea para aquello.

La arremetida Ibañista

Pasaron las horas y, al no tener respuesta de Cooper –confidencian varios conocedores de la arremetida “Ibañista”–, el diputado decidió escalar su preocupación y molestia al fiscal nacional Ángel Valencia.

Fue así como, el miércoles, el diputado porteño envió otro correo electrónico requiriendo que la máxima autoridad del Ministerio Público le solicitara al jefe regional de Coquimbo que le contestara el “e-mail” original. Hasta el cierre de esta edición, Valencia tampoco había contestado al parlamentario.

No pocos al interior del Ministerio Público sostienen que ambos parlamentarios no están ocupando vías regulares para requerir información del Ministerio Público, como cualquier ciudadano. “Se están saltando la fila”, comenta una fuente del ente perseguidor penal.

Y es que la solicitud de información en estos casos está reglada en el artículo 186 del CPP: “Si una persona se considera afectada por una investigación que no se ha formalizado judicialmente, puede solicitar al juez de garantía que le ordene al fiscal informar sobre los hechos que se investigan”.

La Tercera intentó obtener una versión de parte del diputado Diego Ibáñez, sin respuesta hasta el cierre de esta edición.

Del teléfono al correo

Hay quienes también comentaron que esta situación hace recordar al “telefonazo” que se cuestionó de la diputada Maite Orsini (FA), cuando llamó directamente a una generala de Carabineros para reclamar por el trato a quien era su pareja en ese entonces, el futbolista Jorge Valdivia.

En esa oportunidad, la intervención de la parlamentaria le valió una investigación penal por presunto tráfico de influencias de la cual fue sobreseída, aunque con un cuestionamiento directo a su labor, sobre todo por tratarse de una autoridad del Estado haciendo uso de sus contactos directos con el alto mando de Carabineros.

“Ese fue un telefonazo, esto es un e-mailazo”, replicó con ironía un conocedor de los hechos.