El gallito sobre modificar los requisitos para el ingreso a carreras de pedagogía se viene dando hace rato, con varios actores involucrados.

El conflicto se remonta a los orígenes de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En ella había modificaciones a otras normas, las que buscaban mejorar la calidad de los profesores chilenos. Uno de esos cambios apuntaba a aumentar de manera progresiva los requisitos para acceder a estudiar pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos en 2017, a 550 en 2026, elevando los percentiles de corte en el ingreso.

Pero en el camino la medida se fue postergando y los rectores de las universidades comenzaron a presionar para que esto no ocurriera, llegando a pedirle al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, replantear la pertinencia de la medida sobre alza de puntajes, argumentando que bajaría la cantidad de estudiantes habilitados para ingresar a estudiar pedagogías, profundizando un déficit que también se está debatiendo en el país.

Y aunque algunos expertos advertían que postergar la entrada en vigencia de las mayores exigencias de ingreso atentaría contra la calidad de profesores que busca la ley, la cartera educativa finalmente tomó cartas en el asunto, introduciendo un artículo en la Ley de Reajuste que lo que hacía era postergar de 2025 a 2026 la entrada en vigencia de esos requisitos adicionales -y superiores- para el ingreso a carreras de pedagogía.

Y aunque inicialmente en el Congreso esto fue rechazado, tras intensas gestiones de los propios rectores finalmente se acordó la postergación, con un protocolo mediante, en el que se señalaba que “el Ejecutivo se compromete a presentar a más tardar en el mes de marzo de 2025 un proyecto de ley que actualice las exigencias para el acceso a las carreras y programas de pedagogía, el que se tramitará con discusión calificada de suma”.

En particular, el proyecto propone que el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario, compuesto por rectores y Mineduc, determine los requisitos para estudiar carreras de pedagogía. “El objetivo es ajustar los criterios de admisión a la pedagogía de manera técnica, periódica y basada en evidencia, para garantizar la formación de las y los docentes necesarios en el país y en todas las disciplinas del currículum nacional”, explicaba el Mineduc en ese momento.

Ese es el proyecto que se discute actualmente y que en la Comisión de Educación de la Cámara fue rechazado -con un voto oficialista- el 1 de julio, mismo día que el subsecretario Orellana se enfrascó en una disputa con la diputada Mónica Arce, justamente, en medio de esa votación. Así, el proyecto avanzó con informe negativo a sala, donde aún no es votado.

Pero como eso debería darse pronto, nuevamente los rectores de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) vuelven a la carga, aunque, esta vez, no están solos.

“Quienes integramos el CRUCH manifestamos nuestro respaldo al proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129, que tiene por objeto establecer nuevos criterios para el ingreso a las carreras y programas de pedagogías", señalan en un escrito, donde añaden reconocer “la urgencia de legislar para enfrentar un desafío estructural de gran envergadura: el déficit docente que afecta a nuestro sistema educativo y que, de no ser abordado con prontitud y decisión, limitará el desarrollo integral del país, particularmente en áreas estratégicas como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y las humanidades”.

El debate legislativo, agregan, “ha puesto foco en el aumento de los puntajes PAES como requisito de ingreso a pedagogías e indicador de excelencia en el egreso. Sin embargo, centrar el debate exclusivamente en los puntajes de admisión simplifica injustamente el proceso de aseguramiento de calidad, que se construye a lo largo de toda la trayectoria formativa y mediante acompañamiento académico continuo”. En este marco, añade, “se debe considerar que las universidades que imparten pedagogías cuentan con rigurosos mecanismos de aseguramiento de calidad, tanto a nivel institucional como en cada programa de estudio”.

“Desde nuestras universidades alertamos que la aplicación estricta de los criterios establecidos en la ley 20.129, sin modificaciones, pone en riesgo la estabilidad del sistema formador de docentes, profundizando inequidades territoriales y aumentando la posibilidad del cierre de programas por falta de matrícula. El mayor perjuicio sería en regiones, especialmente en zonas extremas y localidades rurales. Por consiguiente, este escenario conduciría a una destrucción de las capacidades regionales para la formación de profesores y profesoras, con daños irreparables para todo el país”, se extienden.

Esta vez, además, el Consejo Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Confauce) también se pronuncia. El tenor es similar.

“De no aprobarse el proyecto que modifica la Ley Nº20.129, que establece un nuevo mecanismo para definir los requisitos de admisión a los programas de pedagogías, el país verá una notoria disminución de docentes, que se suma a la falta de dotación ya crítica en algunos territorios. Esta falta de profesores y profesoras se dará en un escenario complejo y de urgentes transformaciones educativas”, señalan los decanos de las universidades Católica del Maule, del BioBío, de Talca, de Los Lagos, de O’Higgins, de Chile, Católica de Valparaíso, de Tarapacá, de Magallanes, Católica de Temuco, Católica de la Santísima Concepción, Arturo Prat, Austral, Alberto Hurtado, Católica del Norte, de Concepción, de La Frontera, de Playa Ancha, de Santiago, de Antofagasta, de La Serena y de Atacama.

Ellos dicen que, sin cambios, las simulaciones apuntan a que solo un 10% de los programas de pedagogía a nivel nacional cubriría sus vacantes de postulación. “Por lo tanto, mantener las condiciones actuales, con los requisitos de admisión instalados por la Ley 20.903, traería como consecuencia un descenso generalizado en la matrícula efectiva de pedagogías (55% de promedio, según DEMRE), poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema educativo nacional”.

“El problema que hoy enfrentamos tiene que ver con una visión muy restringida y equívoca acerca de lo que hoy se entiende por calidad en educación y se opta por centrar la discusión en extremar las exigencias y regulaciones al sistema educativo en su totalidad. Una regulación adecuada no puede responder, exclusivamente, a una visión de eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas, sino que debe considerar las necesidades sociales, culturales, educativas y territoriales de las diversas macrozonas en su heterogeneidad”, se prolongan.

Y cierran: “Nos parece débil e insuficiente estar discutiendo acerca de los puntajes de ingreso a las carreras de pedagogías; sin embargo, en el contexto actual, es urgente tomar una determinación. La propuesta de un Comité Técnico para la toma de decisiones es una opción, pues evita el riesgo de cerrar ofertas de carreras de pedagogías por no alcanzar la matrícula suficiente para sustentar debido a la escasez de profesores idóneos en la enseñanza media, lo que ha sido resuelto mediante habilitaciones de profesionales de otras áreas para ejercer la docencia”.