En el marco de la indagación del caso ProCultura, para el Ministerio Público era fundamental contar con la declaración de quien fuera representante legal de la fundación, María Constanza Gómez. Por lo mismo, con fecha 10 de febrero de 2025, se requirió a dos efectivos de la PDI trasladarse hasta La Serena y concretar el interrogatorio, el cual se materializó los días 19, 20 y 21 del mismo mes.

Así, en primera instancia, se le pidió detallar lo referente al convenio suscrito con la Gobernación de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas, momento en que detalló que la mayoría de las determinaciones que se tomaban respecto de esos fondos, estaban asociadas a instrucciones directas que impartía Alberto Larraín.

Asimismo, Gómez -de profesión actriz- relató cómo se dieron ciertas contrataciones y también cómo llegaron a suscribir contratos por distintos proyectos en Atacama, Valparaíso, Ñuble Biobío y otras zonas, destacando que prácticamente siempre las decisiones financieras las adoptaba Larraín.

Contratación de Karamanos y nexo con Boric

Al igual que en otros pasajes de las pesquisas llevadas por el equipo investigador que lidera el fiscal Patricio Cooper, Gómez fue consultada por la contratación de la exprimera dama Irina Karamanos, descartando haber incidido en ella.

“¿De quién fue la decisión de contratarla?”, fue la pregunta de los investigadores. Ante lo cual Gómez respondió: “De Alberto Larraín. Yo no me enteré, dado que me encontraba en mi periodo de posnatal, situación que solo vine a conocer de manera casual al tener que interactuar con ella en la supervisión de alguna de sus funciones, y yo no supe de su relación con Boric hasta octubre de 2021″.

Si bien aclaró que los abonos de Karamanos a la fundación que causaron polémica no eran tales si no que un error con el banco, por el rechazo de una transferencia, sí reconoció que hubo un préstamo de ProCultura a la socióloga.

“Si existió un préstamo por la suma de $1.000.000, solicitud formalizada por Irina Karamanos a Alberto Larraín a través de un correo electrónico con copia informativa hacia mi persona y a Johny San Martín y su jefa directa Daniela Guerrero. El cuerpo del correo señala la condición propuesta por Irina de devolver en descuentos de cinco cuotas desde su sueldo por $200.000 o en su efecto, que se le pudiesen adelantar desde su sueldo $500.000″, indicó la imputada.

Karamanos en un inicio estaba en calidad de imputada, e incluso declaró bajo esa misma figura procesal. Sin embargo, a inicios de abril, el Ministerio Público confirmó que Karamanos ahora solo es testigo y ya no es interviniente en la causa por lo que no hubo antecedentes para continuar con la imputación en su contra.

Gómez, igualmente, se refirió a la relación entre Larraín y el Presidente Gabriel Boric, haciendo presente que ella sabía que ellos “se conocieron en un trabajo de una mesa, creo que era de salud, con el gobierno de Sebastián Piñera, entiendo que ambos compartían el mismo interés respecto a la salud mental, Alberto mencionó en muchas ocasiones mientras Boric estaba en campaña presidencial de haberlo asesorado en cuanto a su programa de salud mental, conociendo solamente eso sobre su relación”.

Precisó, igualmente, que Larraín no fue el siquiatra del actual Mandatario.

Millones en abogados

Como parte del interrogatorio, Gómez también abordó la contratación de los abogados que inicialmente los representaron una vez que estalló el caso y cómo se financiaron.

Explicó que llegaron al estudio Barruel Borzutzky mediante María Eugenia Sabbagh, “ya que cuando comenzaron los problemas nos recomendó a Susana Borzutzky, quien ella consideraba una buena abogada penal”.

Inicialmente el costo de esta defensa era de $ 70 millones, pero detalló que cuando comenzaron a presentarse más querellas el monto aumentó a $ 100 millones, lo que se iba a financiar con fondos de libre disposición asociados al Circuito de Lota.

“Borzutzky nos advirtió que sus honorarios no podían salir de fondos que salieran de los proyectos, debiendo salir de patrimonio propio de la fundación. Para poder cumplir con esa exigencia, la vía que se encontró con los miembros de la fundación es que como la Agencia Turismo Patrimonial SpA se había generado por mandato de la fundación, para que percibiera los ingresos del Circuito de Lota, y en vista de que el convenio con Corfo establecía que esos fondos eran de libre disposición de la fundación ProCultura, los costos de los abogados se cargaran a los ingresos recibidos por la agencia relativa a la explotación del circuito”, expuso.

“Quédate”

En medio de su declaración la otrora representante legal de ProCultura puso énfasis en consultas respecto del programa “Quédate”, fruto del millonario convenio suscrito con la Gobernación Metropolitana. Y es que si bien dijo no haber participado en su formulación, evidenció que ella expuso que no estaba de acuerdo con que se llevara adelante.

“Mi visión era que la fundación no estaba en condiciones de tomar el programa bajo ninguna de las opciones de garantía propuestas. Esta situación se la informé a Alberto Larraín, agregándole mi visión al respecto, es decir, este proyecto era inviable por cuanto no podíamos cumplir con las garantías solicitadas. Ante lo cual Alberto me indicó que el programa ya era de conocimiento público, que no se podía caer, que no podíamos dejar tirada a las fundaciones ni al gobernador Claudio Orrego”, relató a la Fiscalía.

De igual forma, respondió a una serie de interrogantes respecto del financiamiento y cumplimiento de las obligaciones, y también sobre la relación que había entre Larraín y Orrego.

Puntualmente, se le consultó: "¿Usted sabe la relación de Alberto Larraín con la Gobernación Metropolitana y con el gobernado Claudio Orrego?

A lo que Gómez respondió: “Primeramente, quiero señalar que yo no conozco a Claudio Orrego, ni he compartido con él en ninguna instancia más que en la presentación del proyecto denominado `Quédate`. Sé que Alberto trabajó en la Municipalidad de Peñalolén a cargo del Cosam en tiempos que Claudio Orrego fue alcalde. También sé que Alberto Larraín era militante de la DC al igual de Claudio Orrego en ese entonces. Sé que se conocían desde el tiempo en Peñalolén. También puedo señalar que Alberto Larraín me comentó que tenían una muy buena relación. Sé que para la campaña presidencial de Claudio Orrego, Alberto colaboró, como también en la campaña de Carolina Goic”.

En el mismo sentido, Gómez descartó tener mayor conocimiento respecto de vínculos con representantes políticos como el alcalde de Porvenir o con el gobernador de Magallanes.

Remuneraciones

Consultada respecto a cómo se definían las remuneraciones de ella, Larraín y del directorio, Gómez detalló que había diferencias.

“El directorio lo conformaba Allan Mix (presidente), María Eugenia Sabagh (secretaria) e Ingrid Koch (tesorera). Ninguno ganaba ningún tipo de remuneración ni compensación económica. En base a lo anterior, desde las cuentas de ProCultura no se deberían haber realizado transferencias de dinero a las personas mencionadas (...) Mi sueldo, con el paso de los años se fue estructurando de distinta manera, pero la más estable tenía relación con la administración del Circuito de Lota. Lo restante lo definía Alberto Larraín en su Excel en el que organizaba los sueldos de los colaboradores de la fundación”, indicó.

Agregó, en el mismo sentido, que “en la medida que comenzaron a incrementar los proyectos de la fundación, Alberto formuló una escala de remuneraciones conforme a la preparación académica de cada colaborador de la fundación (...) Dicha escala no estaba pública ni plasmada en un documento, tampoco fue conversada con el directorio. A mi parecer, muchas de estas regulaciones vivían en la cabeza de Alberto. Me daba cuenta de que dicha escala era arbitraría, ya que claramente a mí no se me aplicaba”.

Respecto al sueldo de Larraín, señaló que “durante muchos años giraba boletas para la fundación bajo el cargo de ´dirección de proyectos´ por un monto de $6.000.000 bruto, por un líquido de $5.265.000 con la glosa ´dirección de proyectos´. En algunas ocasiones hacía una segunda boleta cuando realizaba charlas".

Precisó, igualmente, que cuando Larraín se separó, decidió darse un “bono de desempeño 2021” por $ 6 millones, ya que “sus gastos habían aumentado”. También, hizo presente que para el psiquiatra era un “intransable” el no tener contrato con la fundación y solo emitir boletas a honorarios.