Fue durante la audiencia para discutir el desafuero del diputado Joaquín Lavín (ex-UDI) ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago que se expuso, a través de los alegatos de las distintas partes, el caso que investiga el Ministerio Público.

Fue ante los ministros del tribunal de alzada capitalino que la Fiscalía no solo dio cuenta de que el imputado obtuvo “bases de datos de manera fraudulenta, tanto desde instituciones públicas como mediante la implementación de un centro de llamadas (call center) financiado con recursos públicos”, sino que también se ventilaron las acciones con las cuales Lavín -marido de Cathy Barriga, quien en ese tiempo era la alcaldesa de Maipú- intervenía en decisiones internas del municipio.

Fue respecto a esa parte del caso que el querellante por parte de Maipú -el abogado José Pedro Silva- expuso los mensajes con los que a su juicio queda en evidencia que el parlamentario “ejerció influencias indebidas sobre distintos funcionarios municipales prevaliéndose de su calidad de diputado y de cónyuge de la máxima autoridad comunal”.

Esas influencias, según comentó Silva, tenían como objetivo “obtener irregularmente bases de datos de electores de la zona” y “reestructurar la planta funcionaria municipal bajo desvinculaciones, contrataciones, recontrataciones y enroques”.

Según el querellante, eso es lo que se puede concluir viendo algunos de los mensajes que mandó Lavín. “A estas personas se les debe avisar a más tardar el día 15 de diciembre que sus contratos no serán renovados”, se lee en un correo del 13 de diciembre de 2016 enviado a funcionarios de la municipalidad.

Ese mismo día volvió a presionar por lo mismo: “Estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración, deben ser desvinculados (...) La mayoría de ellos entraron en 2016-2015-2014, para que puedan analizar el costo que esto significa para la municipalidad, pero deben salir de todas maneras”.

En otro correo del 12 de diciembre de 2016 el diputado envió un listado con nombres marcados con colores. Ahí Lavín explicó que “Azul=sacar, verde=sacar (...) Naranjo= chequear, no son del todo confiables.

En otro mail del 19 de diciembre de ese mismo año el diputado escribió que “estos cambios se deben realizar a la brevedad, hoy (...) que esta semana quede entregado el cargo“.

Un par de días después, en un correo del 9 de enero de 2017, volvió a la carga: “Rosalba, sacar de la DAF y enviar a contabilidad de SMAPA. Felipe Neira, modificar su contrata (...) sacarlo de la DAF a otro lugar (esperemos que renuncie con la baja de su grado). Óscar Alarcón, trasladarlo de servicios generales a la administración del vivero (Aseo y Ornato)”.

En la audiencia para discutir el desafuero no solo se volvieron a recordar esos mensajes, sino que también algunas declaraciones de funcionarios de la municipalidad. Por ejemplo, el testigo Boris Gálvez declaró que “si venía alguna solicitud del diputado no había ninguna posibilidad de negarse o decir que no”.

El testigo Rodrigo Araya declaró que “para mí el diputado era la autoridad. Es decir, para mí estas dos personas, Joaquín Lavín y Arnaldo Domínguez, representaban a la alcaldesa y por tanto a mi jefatura, por lo que simplemente cumplí con las instrucciones que me estaban dando”. Domínguez era el asesor de Lavín que estaba contratado por el Congreso y quien ejercía como su jefe territorial.

“Lo que él instruyó que se materializa en esta propuesta, fue algo que finalmente se ejecutó. Quiero señalar que todo esto lo hice porque la alcaldesa me dijo que su marido quería hablar conmigo y por eso fui a esa reunión. Él me generó cierto temor al no acatar lo que estaba señalando, y no sabía o más bien temía hasta dónde podía llegar si me negaba a hacer lo que me estaba pidiendo, porque era el diputado del distrito y marido de la alcaldesa. Él es muy formal, por lo que me sentí de alguna forma intimidada frente a su solicitud y por eso accedí a lo que me pidió”, declaró la testigo Lorena Arce.

El testigo Guillermo Daguerressar relató que lo que Domínguez “pedía a las jefaturas se tenía que cumplir, porque era una instrucción directa del diputado, o sea, de Joaquín Lavín”. En tanto, el testigo Diego Romo dijo que “con el objeto de mantener mi trabajo cumplía lo que me encomendaba en este caso Arnaldo”.

La defensa de Lavín, representada por el abogado Cristóbal Bonacic, está a la espera de que la Corte de Santiago notifique la sentencia del desafuero. La semana pasada valoró que la decisión haya sido dividida y en sus descargos ha argumentado que estos hechos no califican para el tipo penal del tráfico de influencias y que los mensajes del parlamentario era “meras sugerencias”.