Tal como ocurrió con Sergio Yáber en Puente Alto, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Chillán, Solón Vigueras Seguel, dispuso suspender transitoriamente al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle Alée, por el lapso de dos meses, en el marco de una investigación sumaria administrativa ordenada por el pleno de ministros del tribunal de alzada de Ñuble.

La resolución indica que considerando que Najle ejerce un cargo cuya principal misión es resguardar la fe pública en la transferencia de bienes, “su actuar injustificado en los hechos descritos, por ahora y en esta etapa del procedimiento, es digno de reproche de una entidad tal que impide que durante la investigación éste siga ejerciendo el cargo”.

“Habiéndose declarado por el investigado que el señor Migueles Oteiza prestó servicios a éste, se estima que asimismo la suspensión de funciones que se dispondrá es necesaria para el éxito de la indagatoria”, sostiene el dictamen.

Tras la notificación del conservador de bienes raíces se remitieron los antecedentes al presidente del tribunal de alzada que dispuso el llamado correspondiente que permite desde este -martes 16 de diciembre- la publicación del concurso para postular el cargo de conservador de bienes raíces suplente por el plazo de suspensión de Najle de dos meses.

En la investigación de la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa, figuran como imputados la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados del consorcio chileno-bielorruso Eduardo Lagos y Mario Vargas.

La semana anterior a que Lagos, Vargas y Migueles fueran detenidos, hubo allanamientos a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle.

En la investigación se detectaron depósitos en la cuenta corriente de Migueles de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores.

De acuerdo a Reportea, el Ministerio Público presume que Migueles recibió $45 millones tras el fallo de la Corte Suprema en favor de los bielorrusos en el que votó su pareja determinando que Codelco debía pagar cerca de 12 mil millones al consorcio.

El monto, como una presunta coima, habría sido girado en un cheque por Lagos a Miguel Ángel Obieta, un trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Luego, el dueño de ese negocio, Harold Pizarro, habría entregado la suma en efectivo a Migueles. Finalmente, el conyugue de la exjueza habría distribuido el monto entre los conservadores y ellos le transfirieron el dinero.

El Ministerio Público solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para formalizar a los conservadores Yáber y Najle por el delito de lavado de activos. Ante el requerimiento, el tribunal fijó la fecha para el próximo 14 de enero.