Este lunes fue formalizado un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas que, junto a otros dos imputados, participó en un delito de contrabando de mercancía no declarada, falsificada y sin autorizaciones sanitarias.

La fiscal jefa del Tamarugal, Karem Gómez, expuso en la audiencia que el ciudadano boliviano A.F. y el chileno G.E.C.C. se coordinaron con el funcionario de Aduanas, también chileno, J.D.S.V., para concurrir el martes 29 de julio, a las 21.00 horas, a la Avanzada Aduanera de Quillagua en un tractocamión y un semirremolque, con destino a la Región Metropolitana.

Ya en el lugar, el imputado G.E.C.C. se dirigió directamente a la ventanilla de control, donde se encontraba el funcionario al que entregó un manifiesto de carga que indicaba el traslado de ropa y zapatillas. Sin embargo, se trataba de mercancía no declarada, incluyendo productos falsificados y otros que requerían autorización sanitaria que no poseían.

El Ministerio Público sostiene que el funcionario de Aduanas, incumpliendo sus deberes, autorizó la salida del vehículo desde la Región de Tarapacá sin realizar la revisión documental ni física de la carga, sin efectuar la declaración de ingreso correspondiente y sin registrar la salida del vehículo.

Otros funcionarios del organismo detectaron la irregularidad y ordenaron detener el camión, procediendo a su revisión física y al hallazgo de las especies.

En detalle, se trataba de 260 cajas con mercancía prohibida, entre ellas más de 10 mil pares de zapatillas falsificadas con logos de marcas como Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Gucci, entre otras.

También detectaron 55 mil pares de calcetines, 2 mil cinturones de mujer, 1.200 gorros y 450 chaquetas que reproducían diversas marcas, además de 6 mil unidades de vaporizadores con 5 % de nicotina, considerados mercancía prohibida al no contar con la autorización sanitaria correspondiente.

El valor aduanero de la mercancía incautada fue estimado en 999 millones de pesos, mientras que los derechos e impuestos que el Estado dejó de percibir ascienden a 271 millones de pesos.

El Ministerio Público formalizó a los imputados por contrabando y al funcionario de Aduanas, además, por el delito de fraude al fisco, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados.

La petición fue acogida por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que fijó un plazo de investigación de 100 días.

"El tribunal, compartiendo los argumentos del Ministerio Público, decretó la prisión preventiva respecto de los tres imputados entendiendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en atención al número de delitos imputados y a la forma de comisión de los mismos", explicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.