Este lunes, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago efectuó la undécima sesión de formalización de los más de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis, caso que indaga una red de corrupción carcelaria, donde funcionarios de Gendarmería y civiles están siendo investigados por cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.

Tras finalizar la jornada de últimos alegatos, el Tribunal concluyó que mañana martes 30 de diciembre resolverá las medidas cautelares de 70 imputados. Así lo explicó el fiscal de la Fiscalía regional Occidente, Marcos Pastén.

“Mañana solamente el Tribunal va a dar a conocer su decisión y alguna petición que pueda hacer alguien respecto de alguna cuestión puntual. Ha habido algunos (imputados) que ya se ha decretado su medida cautelar, hay algunos que ya están resueltos. Pero en definitiva, 70 personas mañana van a saber su condición procesal”, sostuvo.

El fiscal precisó que existen 300 días para la investigación del caso, en ese sentido, aseguró que “hay diligencias pendientes, hay líneas de investigación, hay sujetos que son de interés para nosotros”.

“Esperamos ir recabando, con la misma seriedad que entregamos estos antecedentes, más antecedentes y si es necesario solicitar nuevas órdenes de detención, lo vamos a hacer”, aseveró. Eso sí, afirmó que “no hay ningún funcionario de Gendarmería hoy día que esté con orden de detención pendiente. Todos los que necesitábamos su detención están en la audiencia”.

Vulneración a oficina no afectaría en las pruebas

Una de las aristas que causó alarma en los últimos días tiene relación con la vulneración que habría sufrido una oficina que era utilizada por Gendarmería y Fiscalía para investigar el caso.

En concreto, el pasado viernes Gendarmería alertó a Fiscalía que se encontró abierta la puerta de una oficina recurrida por funcionarios que investigan el caso. En definitiva, alguien habría ingresado sin el debido permiso de acceso.

Al respecto, el fiscal Pastén aseguró que “inmediatamente” se dispuso una “investigación penal para ver si existía algún delito asociado al momento del ingreso”.

Según informó el persecutor, las primeras diligencias efectuadas por la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron que, “preliminarmente no existiría, al entender de la Policía, una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía”.

Asimismo, aseguró que “no existiría acceso a los computadores de este equipo investigativo que ahí están dispuestos”.

El fiscal señaló que, adicionalmente a la investigación, se le solicitó a Gendarmería información respecto a “cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se van a adoptar para que estos hechos no se repitan”.