El Parlamento argentino convirtió hoy en ley una iniciativa que incorpora al Código Penal el delito de la desaparición forzada de personas, en momentos en que el país lleva adelante múltiples juicios por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).

La norma, aprobada por la Cámara de Diputados con 157 votos a favor y uno en contra, establece como nuevo tipo penal la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

El Código Penal incorpora así un nuevo artículo que modifica además los procedimientos en estos casos, en cumplimiento con el Tratado de Derechos Humanos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

El delito es castigado con penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

Según la norma, que había sido aprobada el año pasado por el Senado, la desaparición forzada será penada con la prisión perpetua cuando el delito se cometa contra una mujer embarazada, un menor de 18 años, un mayor de 70, una persona con alguna discapacidad o cuando derive en la muerte de la víctima.

Los crímenes cometidos contra víctimas de la dictadura, muchas de ellas aún desaparecidas, eran juzgados hasta ahora, en su mayoría, bajo los delitos de secuestro, tormentos y homicidios.

La última dictadura militar argentina dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según coinciden el Gobierno y organizaciones humanitarias.

La ley busca "castigar el abuso de poder del Estado", destacó el titular de la Comisión de Legislación Penal, el opositor Juan Carlos Vega.

"El pueblo argentino conoce sobradamente este tema. Sabemos lo que es no encontrar un ser querido, lo que es no encontrar respuestas del Estado y lo que es el padecimiento de los familiares y allegados de las personas que no encuentran", subrayó la legisladora opositora Victoria Donda, hija de desaparecidos durante el régimen.

Argentina se convirtió en 2007 en el segundo país del mundo y el primero latinoamericano en depositar ante la ONU los instrumentos de ratificación de la Convención contra las Desapariciones Forzosas, que reconoce esta figura como delito de lesa humanidad.

En la actualidad hay cerca de una decena de juicios orales desarrollándose en simultáneo en todo el país contra represores de la última dictadura y al menos siete a punto de comenzar durante 2011.

Estos procesos involucran a casi 140 personas, que se podrían sumar a los ya 200 condenados por delitos de lesa humanidad que hay desde que en 2003 se reanudaron los procesos tras la anulación parlamentaria de las denominadas "leyes del perdón".

Los datos corresponden a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones de los derechos humanos, que subrayó que hay 820 personas procesadas en todo el país, de las cuales cerca de 400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio.