Pese a que la sesión de Vivienda de la Cámara de Diputados del pasado miércoles se avizoraba como clave para que el oficialismo activara la idea de una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda Carlos Montes (PS), finalmente la derecha puso un freno a la ofensiva.

¿La razón? El mensaje que transmitió la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ante los diputados de esa instancia legislativa.

La contralora dijo que podría haber una presunta vulneración al principio de probidad -a raíz del cuestionamiento que pesa sobre el exministro por compras de terrenos con sobreprecio para damnificados del megaincendio de Valparaíso-. Sin embargo, complementó que “una vez que tengamos ese sumario terminado, sujeto a control preventivo de legalidad, la Contraloría podrá opinar si, a la luz del expediente sumarial, se dan o no por acreditadas las mismas”.

Una vez finalizada la sesión, desde las bancadas de la derecha admitían que debían esperar el sumario de Contraloría para activar la ofensiva política, que ya fue sugerida por el diputado Hotuiti Teao (independiente, de la bancada UDI y representante de Valparaíso en la Cámara) y por los republicanos integrantes de la Comisión de Vivienda.

El problema es que el plazo se agota. Los diputados tienen hasta el próximo 11 de junio para presentar un posible libelo, dado que, según la Carta Fundamental, los exministros dejan de ser susceptibles de acusación constitucional a los tres meses de dejar el cargo (desde el 11 de marzo).

A pesar de que Teao no pudo estar presente en la sesión del miércoles, mantuvo una permanente coordinación con su colega de bancada Omar Sabat (UDI), quien en su intervención citó diversos artículos de la Constitución y de la Ley General de Bases de la Administración del Estado para dar cuenta de que el libelo acusatorio sigue siendo una opción.

Consultado por este medio, el diputado Teao aseguró que “estamos a la espera de los resultados de los sumarios instruidos por la Contraloría para poder proceder”.

“Como parlamentarios, somos nosotros quienes tenemos las atribuciones para fiscalizar y eventualmente ejercer las acciones constitucionales que correspondan. Por eso, no queremos que este proceso se extienda más allá de los tres meses, plazo que podría permitir al ministro Carlos Montes eludir la eventual responsabilidad jurídico-política derivada de la deficiente gestión que realizó al frente de la cartera”, agregó el diputado por Valparaíso.

En el oficialismo aseguran que el legislador ya contrató un equipo de abogados para avanzar en la redacción del libelo, debido a que no todos en la bancada UDI apoyan esa idea.

Los rounds de Montes

Si la derecha llegase a presentar una nueva acusación, sería la quinta ofensiva fiscalizadora que enfrentaría Montes ante la Cámara de Diputados.

El socialista ya debió sortear dos comisiones investigadoras por distintas aristas del caso Convenios. Una por “las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo” (Democracia Viva en 2023) y otra por la Fundación Procultura (2024-2025).

También afrontó una acusación constitucional que presentaron representantes de derecha precisamente por los mismos casos. En los primeros días de 2024, la Cámara acogió el reclamo de forma presentado por el entonces ministro (cuestión previa) y el libelo se cayó por 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención.

Dicha acusación planteaba que el exministro no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo y respecto de la actuación del personal de su dependencia en el marco de los líos de platas políticas que todavía indaga la Fiscalía.

Posteriormente, en 2025, la Cámara tuvo una comisión especial investigadora por la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

Tras gestiones del gobierno de Gabriel Boric, especialmente de personal de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y del Ministerio de Vivienda, los diputados del entonces oficialismo votaron alineados rechazando imputaciones contra Montes y las solicitudes de renuncia.

Ante esta nueva potencial acusación, en la sesión de la Comisión de Vivienda, el pasado 6 de mayo, el histórico dirigente del PS recalcó que una presentación en su contra desataría una escalada que complicaría más al actual gobierno.

“Usted sabe lo que eso significa, una guerra de acusaciones constitucionales”, le respondió a la diputada republicana Paz Charpentier.

“Cumplo en dos días más 80 años. Me pueden castigar los 5 años que vienen si la acusación prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda ni para nada”, dijo.