La mañana del lunes 11 de mayo, Mario Marcel permaneció en su departamento, concentrado en la elaboración de un informe sobre política fiscal, mientras a unos pocos kilómetros de distancia, en el centro de Santiago, en la sede capitalina del Congreso Nacional, la oposición daba un paso clave en la articulación de una respuesta crítica y propuestas técnicas para hacer frente a la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

La ausencia de Marcel ese día no fue la única que llamó la atención. Ninguno de los exministros ni exsubsecretarios de las carteras de Hacienda y Economía del gobierno de Gabriel Boric estuvo presente en el seminario organizado por la Red de Centros de Pensamiento Progresista, en la sede del Parlamento en Santiago, para dar a conocer el documento “Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal: la opinión de la red de centros de pensamiento progresista frente a la megarreforma tributaria del gobierno”.

Mucho menos se dejaron ver ese mismo día en la sede del Partido Socialista, en calle París, cuando a eso de las 8 horas, representantes de los 13 centros de estudio de izquierda y centroizquierda, en compañía de algunos de los economistas que participaron en el análisis y redacción del documento, entregaron el texto a las directivas de los partidos políticos y a los jefes de bancada desde la DC al Partido Comunista. Con este, la oposición buscaba pasar del simple rechazo a la iniciativa del ministro Jorge Quiroz a la presentación de propuestas alternativas a las medidas más controvertidas que incluye la Ley Miscelánea de Reconstrucción de La Moneda.

“No nos invitaron”, bromeó uno de los personeros del equipo económico del gobierno de Boric al ser consultado para este artículo sobre el porqué se habían mantenido alejados de los dos eventos.

Pero lo cierto es que tanto Marcel como su sucesor en Hacienda, el frenteamplista Nicolás Grau, al igual que el exministro de Economía Álvaro García, la exsubsecretaria de Hacienda Heidi Berner, los excoordinadores tributarios de la cartera Diego Riquelme y Nicolás Bohme, y el exdirector del SII Hernán Frigolett, fueron parte activa de un grupo transversal de 15 economistas de centroizquierda e izquierda que, desde mediados de abril, venían trabajando en la revisión de la megarreforma. Tarea que abordaron en forma paralela, pero muy vinculada -aseguran- al esfuerzo que llevaban adelante los centros de estudio del mundo progresista junto al grupo de profesionales y expertos que conformaron el equipo económico de la campaña de Jeannette Jara, que finalmente armaron la contrapropuesta de la oposición.

“Nunca hubo dos equipos separados que avanzaran en paralelo, sin saber qué estaba haciendo el otro, aseguran. Para nada”, remarca bajo condición de anonimato uno de los economistas que participaron simultáneamente de ambos procesos de reflexión.

El grupo que formó parte del trabajo de la Red de Centros de Estudios Progresistas tuvo acceso a las minutas que elaboraba el otro grupo apenas estuvieron redactadas, afirman. Los textos se pasaban de inmediato a formato PDF y se mandaban a los partidos políticos y al equipo que coordinaba Luis Eduardo Escobar, al alero de los centros de estudios, pero siempre como insumos reservados, para su consumo interno y no para ser divulgados.

Ninguna de las dos minutas de 28 páginas que elaboraron los exintegrantes del equipo económico de Boric ya mencionados, junto a otros reconocidos economistas que integraron este segundo grupo de trabajo -entre los cuales figuran Nicolás Eyzaguirre, Eduardo Engel, Ricardo French-Davis, Guillermo Larraín, Alejandro Micco, Ricardo Lagos Weber, Enrique Paris Horvitz, Joseph Ramos, y que se distribuyeron internamente el 21 de abril y el 1 de mayo-, fue firmada, para evitar dejar huella de los expersoneros del gobierno anterior y de algunos otros que aún están en cargos en organismos del Estado.

“No se quería contaminar la reflexión sobre un tema tan importante para el futuro del país y dar una excusa al gobierno de Kast para eludir el debate de fondo levantando una controversia respecto de la gestión de la administración de Boric”, señalan en los partidos de oposición al explicar por qué optaron porque este trabajo se mantuviera en las sombras.

También pesó el hecho de que, a sólo dos meses de la llegada de Kast y el nuevo gobierno a La Moneda, era demasiado prematuro que las exautoridades del gobierno de Boric salieran “a dar lecciones” a la administración entrante. Un punto que tanto Marcel como Grau y García hicieron presente al resto de los economistas.

“Todas las exposiciones y entrevistas que han estado dando Marcel y Álvaro García en las últimas semanas siempre han sido a título personal. No se han presentado como voceros o representantes de un trabajo colectivo, y han sido más que nada para defender la gestión de la administración pasada en materia de política fiscal frente a las críticas que ha hecho el gobierno de Kast”, señalan dirigentes del Socialismo Democrático.

Lo que no ha impedido que Marcel haya criticado duramente el proyecto del gobierno, al que calificó como una “aventura sin retorno” cuando expuso ante la Cámara de Diputados el 6 de mayo. “Significa apostar a la respuesta de las empresas y empresarios a una rebaja de impuesto con un costo fiscal, y como tiene invariabilidad sería sin la posibilidad de corregir en el futuro, y es “una iniciativa extremadamente riesgosa”, dijo el exministro a los parlamentarios. Entre los muchos cuestionamientos que formuló al esquema propuesto por el gobierno, Marcel también advirtió que las medidas tributarias elevarían la relación entre deuda pública y PIB hasta el límite del 45% que forma parte de la regla dual actual.

Pese a que no se han guardado sus cuestionamientos a la megarreforma, los exministros y exsubsecretarios de Hacienda y Economía de Boric se restaron de suscribir la columna que publicó el sábado 8 de mayo en El Mercurio el grupo de economistas transversal con los que están trabajando, previo a la divulgación de la contrapropuesta de la oposición. En ese texto, titulado “El crecimiento requiere sostenibilidad fiscal”, insistieron en las deficiencias que, a su juicio, tiene la reforma tributaria incluida en la megarreforma del gobierno de Kast.

“La reforma tributaria presenta falencias en tres planos. Primero, el fiscal, que combina rebajas permanentes de impuestos con ingresos transitorios o inciertos, generando una pérdida de recaudación que estimamos en más de US$ 5.000 millones anuales en régimen para cumplir la meta de equilibrio fiscal (...); todo lo anterior se agrava con la propuesta de invariabilidad tributaria que reduce los grados de libertad para que la política fiscal enfrente estos desequilibrios por los próximos 25 años”, señalaron al inicio de la columna.

Pero también visualizaron “negativos impactos distributivos y de incentivos”, y medidas de “bajo rendimiento o mal focalizadas, siendo el más evidente el crédito tributario al empleo, que tiene un alto costo sin crear los empleos que el país necesita”. Al tiempo que hicieron un llamado al oficialismo para conformar una mesa técnica amplia para buscar acuerdos ante estos problemas.

En la oposición apuestan por abrir una negociación con el oficialismo, particularmente con los partidos de Chile Vamos, una vez que el proyecto pase al Senado, y evitar que se repita la “aplanadora” que pasó el oficialismo en la Cámara de Diputados, aprovechando la amplia mayoría que tiene en las tres comisiones (Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo), donde se tramitó esta semana la megarreforma.

Para eso, admiten en la oposición, era fundamental abrirse a la rebaja de impuestos corporativos planteada por el gobierno, lo que han llamado el corazón de la megarreforma, pero exigiendo a cambio compensaciones a la merma de los ingresos fiscales.

Juntos, pero no revueltos

Fue a mediados de abril, apenas el Presidente Kast anunció que enviaría al Congreso la Ley Miscelánea de Reconstrucción, que incluía una reforma tributaria, que el equipo económico de Boric comenzó a debatir con un amplio espectro de economistas, que iban desde el mundo de la ex Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista, las consecuencias que el megaproyecto de ley podría generar.

“Es un grupo en que la mayoría viene trabajando juntos desde hace muchos años. Por lo mismo, fue casi espontáneo el que nos empezáramos a reunir para analizar la ofensiva del gobierno. Cada uno tiene su especialidad y área de expertise, por lo que no fue necesario nombrar a un coordinador ni nada parecido. Todo fue muy autogestionado. Cada uno se hacía cargo de un tema específico y luego compartíamos las reflexiones en reuniones que hacíamos en forma telemática para que todos opinaran”, relata uno de los exministros que participó en esta instancia.

Ni siquiera les avisaron inicialmente a los partidos que habían conformado este grupo de trabajo. Por lo que tampoco supieron de inmediato que había otro equipo en lo mismo y que serviría de base al esfuerzo que articularon los centros de estudios progresistas.

Fue después de la primera minuta del grupo de Marcel, la tercera semana de abril, cuando se establecieron “vasos comunicantes” entre los dos equipos.

Esa minuta plasmaba una visión muy crítica de los cambios tributarios que propone la megarreforma, y su argumentación permitió sustentar buena parte del discurso de los parlamentarios opositores. “La iniciativa propuesta involucra una pérdida de ingresos fiscales del orden de los US$ 4.400 millones anuales en régimen (1,2% del PIB), equivalente a 7% de la recaudación tributaria anual. Prácticamente la totalidad de los beneficios directos de esta reforma irá a parar al 1,5% más rico de la población”, fue uno de los aspectos mencionados en ese documento que hizo eco entre los parlamentarios.

Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21 y coordinador del equipo que trabajó al alero de los centros de estudio, participó en varias de las reuniones telemáticas del grupo de exautoridades del gobierno de Boric. A la vez que ya estaban participando con él en el primer team dos exmiembros del gabinete de Marcel en Hacienda: el exdirector tributario Nicolás Bohme y el exjefe de la subdivisión de Estudios de la Dipres, Pablo Jorquera.

Bohme, de hecho, fue asesor económico de la campaña de Jeannette Jara, donde coincidió con Escobar, Osvaldo Rosales, los economistas Ana María Correa, Andrés Palma y Andrea Betancor. Ese sería precisamente “el grupo base” que empezó a fines de abril a preparar la propuesta de oposición a la megarreforma de Kast.

Grupo al que poco después se integraron Carlos Ominami, Gonzalo Martner y Pablo Jorquera.

“Escribimos una primera minuta hace poco más de tres semanas, en la cual hacíamos una revisión y análisis de la propuesta de la ley miscelánea que mandó el gobierno, y se la enviamos a los partidos políticos a través de los centros de estudios. Entonces nos convocaron a una reunión y nos dijeron que esta cuestión analítica es muy importante, muy buena y todo lo demás, pero nosotros lo que necesitamos como partidos políticos son propuestas. Ahí salió la idea de hacer un documento que recogiera más las propuestas específicas que había hecho el gobierno actual. Así fuimos elaborando este documento en conversaciones sucesivas, tuvimos tres reuniones, algunas presenciales, otras por internet, y nos repartimos la pega y salió este documento que se dio a conocer el lunes”, explica Escobar.

Y aunque se usaron como insumos los documentos elaborados por los otros economistas, no se hizo una instancia de trabajo conjunta. “Una de las decisiones que tomamos al inicio del grupo era que nosotros no nos íbamos a meter a defender la gestión del gobierno, de ningún gobierno, incluyendo el gobierno del presidente Boric”, remarca Escobar.

En la oposición destacan que los diferentes diagnósticos que se levantaron son bastante coincidentes, al igual que las propuestas. Lo que no impidió el lunes, a los pocos minutos de que se divulgara el documento de los centros de estudio, que en el chat del equipo de economistas del Partido Socialista se abriera un debate. No todos estaban de acuerdo en que se hubiera aceptado limitar el gasto público al crecimiento de porcentajes del PIB como se expresó en el documento de los centros de estudio, y reclamaban que nunca antes, ni en los gobiernos de la ex Concertación, se habían atrevido a ceder.