Comienza juicio en contra de responsables por tragedia ferroviaria en Argentina

Entre los procesados se encuentran dos ex secretarios de Transporte del gobierno de Cristina Fernández y el maquinista del tren que acabó con la vida de 51 personas y que dejó más de 700 heridos en febrero de 2012.




Hoy comenzó el juicio para esclarecer responsabilidades por uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de Argentina, que dejó 51 fallecidos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires en febrero de 2012. Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron los primeros en pasar por el banquillo de los acusados, por los cargos de presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La llamada "tragedia de Once" se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén de la estación porteña de Once, en hora punta matinal.

En la causa que investiga "delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 deberá determinar si el accidente que se registró en la estación se debió a la negligencia del conductor o si también pesa responsabilidad sobre el Estado y la empresa concesionaria del transporte por no controlar las condiciones del servicio.

Entre los otros 27 procesados se encuentra el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, quien declaró que el convoy se quedó sin frenos, aunque dos estudios técnicos concluyeron después que el sistema de frenado funcionaba correctamente."Estoy convencido de que fue una negligencia por acción u omisión del maquinista, porque la pregunta es una: ¿si hubiera frenado hubiera ocurrido? No", sostuvo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la querella, a la entrada del tribunal.

Los familiares de las víctimas acudieron a esta primera sesión con carteles con el reclamo "Ju5t1cia" y camisetas con las fotos de los fallecidos en el siniestro. "Nosotros siempre venimos a pedir justicia porque queremos que realmente esto sea no solamente de nosotros sino para el estado nacional, para el país, para que haya paz y se tome en cuenta que no se puede manejar un país de esa manera, con corrupción", explicó a Efe Andrés Garzón, padre de la fallecida Mónica Garzón.

"Ahora hay ofrecimientos del Estado, pero me parece que, por lo menos mi hijo, no tiene precio. Lo que queremos es justicia. Hace 2 años que estamos para esto y vamos a seguir hasta el final", dijo a Efe Carlos Bustamante, padre de Federico Bustamante, otra de las víctimas.

"ASOCIACION ILICITA"

La Justicia también acusa a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, por presunta "asociación ilícita" y "descarrilamiento de un tren agravado".

Ayer, dos grupos de querellantes se retiraron tras acordar a última hora una indemnización con TBA, a través de un convenio extrajudicial de carácter confidencial."(Este acuerdo) no me agrada demasiado porque a último momento, a 24 horas de empezar el juicio, se desarmaron los grupos, es algo malicioso desde mi punto de vista", manifestó Garzón.

COMO SERA EL JUICIO

El juicio se extenderá durante al menos un año y en él declararán unos 350 testigos ante los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini.

En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con "graves deficiencias" por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.
Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal.

En junio del pasado año, la línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente que dejó tres muertos y más de 300 heridos tras el choque dos trenes en las cercanías de la localidad de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.

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