Un poco más de media hora duró la última sesión de trabajo de la Comisión Investigadora de la Universidad Arcis, realizada el jueves pasado en el Congreso.

A la instancia, convocada a las 9.00, no llegó ninguno de los invitados, por lo que los diputados integrantes dedicaron el espacio a resolver el cierre del trabajo investigativo.

Si bien los parlamentarios volverán a reunirse, reglamentariamente ya no cabe la posibilidad de recoger más antecedentes. Sólo queda debatir cuál será el tono del informe que evacuará la comisión, una de las más accidentadas de los últimos años. El tema central será dilucidar si detrás de la Universidad Arcis hubo lucro o no.

La Alianza presentará un informe tratando de argumentar que los dueños de la casa de estudios -entre los que figuraban organizaciones ligadas a dirigentes comunistas- realizaron retiros de utilidades. Las principales pruebas para eso serán los antecedentes aportados por la periodista Mónica González y el ex académico Gabriel Salazar.

El PC, en tanto, intentará acreditar que sólo hubo reinversión de capitales. Sus pruebas serán los testimonios de la autoridades del Ministerio de Educación.

En vista de las posturas encontradas, ambos bandos dan por descontado que habrá dos informes. Sin embargo, lo que inquieta en la Cámara es que el debate no terminará en la comisión, sino que se trasladará a la sala, donde las posiciones encontradas podrían tener mayor resonancia, ya que el resto de los diputados tendría que pronunciarse si hubo o no lucro en esa universidad.

Trabajo accidentado

Sesiones suspendidas o fracasadas por ausencias de diputados y otra interrumpida por una protesta de estudiantes, fueron algunas de las marcas que quedaron en el historial de la comisión que se constituyó el 23 de septiembre.

A eso se sumó un intento por censurar al presidente de la instancia, Diego Paulsen (RN), planteado por Karol Cariola (PC), Yasna Provoste (DC) y Cristina Girardi (PPD), molestas por el manejo de la discusión. Por su parte, el UDI José Antonio Kast también objetó sin resultados la participación de Cariola, apuntando a un conflicto de interés entre el Partido Comunista y la casa de estudio. De hecho, previamente ya se habían inhabilitado voluntariamente de la comisión Hugo Gutiérrez (PC), quien dictó clases en la Arcis, y Sergio Aguiló (IC), quien era dueño de algunas acciones de esa universidad.

Ese episodio terminó en una pugna en la Comisión de Ética de la Cámara, donde Kast y Cariola presentaron denuncias cruzadas.

Todas estas disputas de las primeras sesiones fueron "caldeando" a la comisión. El momento más tenso se registró el 10 de noviembre, cuando se dio cuenta de la excusa por razones de salud enviada por el entonces asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, secretario general del PC y ex académico de Arcis. En los días previos, Lagos -quien ya había sido citado semanas atrás y, a pesar de que concurrió, no fue recibido- había sufrido una golpiza en la calle. Pero, justo en el momento de la sesión, dio una entrevista televisada.

"El señor Juan Andrés Lagos en este momento está entregando declaraciones en TVN. Entonces, ¿por qué puede estar en un noticiario y no aquí?", dijo Kast, quien, además, se quejó de que el PC lo sindicara como el promotor de un clima anticomunista.

El comentario enfureció a Cariola, quien justificó la ausencia de su compañero de partido y le recordó a Kast ciertos dichos sobre el PC: "Podríamos revisar las declaraciones de prensa del señor Kast, en las que ha tratado al Partido Comunista de ladrón".

Días después, Lagos insultó a Kast en una entrevista. Si bien luego se retractó, renunció al Ministerio del Interior. Y pese a que el dirigente comunista volvió a ser citado, sólo envió excusas. Para Kast, en tanto, el tema tampoco fue fácil. Recibió amenazas telefónicas y a través de panfletos, por lo que el gobierno le asignó un escolta.

Invitados 

La exigua participación de invitados fue otra de las características de la instancia investigadora. En total, 17 personas concurrieron a exponer, entre ellos, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga. Sin embargo, otros, como la ministra del Sernam, Claudia Pascual, el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, y la actual rectora de la Arcis, Elisa Neumann, se excusaron.

En la Alianza acusaron un intento por bloquear la investigación, mientras que en el oficialismo denunciaron que la comisión fue un intento de la UDI por empatar el caso Penta.

Extractos de exposiciones

Nicolás Eyzaguirre

El secretario de Estado se excusó de dar mayor información sobre la investigación. Comentó que en lo relativo a la indagación administrativa, si bien la Subsecretaría ya emitió la resolución de cierre de la investigación, la Universidad interpuso recurso jerárquico, por lo que no se puede exponer opiniones ni adelantar juicios. Negó haber tenido reuniones con Juan Andrés Lagos, ni en carácter de prestación de servicios o de asesorías. Aseguró que Lagos nunca ha trabajado para el ministerio y que, acompañando a Guillermo Teillier, como directiva del PC, hizo una visita al ministerio.

Mónica González

La periodista expuso sobre la investigación de Ciper sobre Arcis: "Cuando hemos afirmado que hubo lucro, no lo estamos haciendo en base a testimonios, que también lo hemos hecho al reconstruir la historia, sino en base a documentos que no han sido fáciles de conseguir. Uno de esos documentos es un acta en que se reparten dividendos. Se habla de distribuir 60 millones de utilidades. El acta es del 10 de julio de 2006, en que está la junta de accionista de la Inmobiliaria Libertad y se habla de distribuir un dividendo provisorio total por 60 millones, que se les pagará a los accionistas".

Valentina Quiroga

La subsecretaria expuso sobre la investigación que realizó el Ministerio sobre la Arcis. Según el preinforme de la comisión, Quiroga remarcó que el Mineduc, con los antecedentes de la investigación, no estableció la existencia de transacciones u operaciones que pudieran configurar lucro ni desviación de recursos de la Corporación Arcis hacia sus socios. "Sus acuerdos dan cuenta de decisiones adoptadas con miras al cumplimiento de los propósitos estatutarios y objetivos de la universidad y no al beneficio de intereses económicos particulares", citó la subsecretaria de la investigación.

Gabriel Salazar

Entre 2002 y 2004, Salazar fue decano de la Facultad de Educación.  "Sobre el retiro de dividendos de la inmobiliaria, me informé y pensé lo que correspondía, es decir, aquí se está ganando dinero -no sé si es legal o no- mientras la universidad no progresa", dijo.

Respecto del PC agregó: "Como tal, no ha participado en la Universidad Arcis. Como tal no ha lucrado, pero a través de todos los avatares que tienen las estructuras políticas en este país, que son múltiples y que actúan por diversos conductos, detrás de diversas fachadas, creo que sí el PC ha participado. No el legal, la entelequia".

Carlos Margotta

El rector de la Arcis entre 2006 y 2013 dijo que por su perfil de institución con vocación pública, la universidad jamás tuvo como objetivo lucrar de la educación, sino que por el contrario, siempre abogó por la educación como "un derecho humano fundamental que debía ser plenamente resguardado".  Recordó que las medidas que se debieron adoptar para salvar la universidad no fueron fáciles, pues después de la toma de 2006 quedó una situación gravísima desde el punto de vista económico y hubo que imponer medidas complicadas. Entre ellas, ejemplificó, se despidió a muchos trabajadores.

Patricio Palma

El representante de la Inmobiliaria Libertad, que estaba detrás de Arcis, Patricio Palma reconoció que la inmobiliaria distribuyó dividendos cuando obtuvo excedentes contables, pero sostuvo que nunca tuvo siquiera la opción de lucrar en desmedro de la universidad Arcis. "Puedo afirmar categóricamente que la sociedad inmobiliaria no lucró con esta actividad, pese a que se trata de una sociedad comercial. Podría haber lucrado, ciertamente, si es que sus vínculos con la universidad le hubiesen permitido extraer recursos... El saldo total de las operaciones durante diez años es ampliamente favorable a la universidad y no a la inmobiliaria".