En condiciones de ser ratificado por cada rama legislativa quedó el informe de la Comisión Mixta de Educación que resolvió las discrepancias surgidas en torno al último punto pendiente del proyecto de Ley General de Educación (LGE).

La instancia, que preside el senador Ricardo Núñez (PS), y que integran los senadores y diputados de las respectivas Comisiones de Educación, acordó por unanimidad autorizar a los profesionales no docentes a hacer clases en la enseñanza media.

El parlamentario explicó que cualquier profesional con licenciatura de al menos 8 semestres, de una universidad acreditada, podrá ejercer la docencia por un período máximo de tres años, renovables por otros dos, de manera continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento de enseñanza media.

Aclaró que después de los cinco años, para poder continuar ejerciendo la docencia, estos profesionales deberán poseer el título de profesional de la educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho grado, o bien, acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO
El acuerdo de la Comisión Mixta será votado este miércoles por la Sala de la Cámara Baja, con el fin de que el Senado se pronuncie en la sesión de la tarde y, de ser ratificado, la Ley General de Educación quedaría en condiciones de ser promulgada como ley de la República.

De esta forma, esta nueva legislación, que es una de las prioridades de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, reemplazará a la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Al respecto, la Ministra de Educación, Mónica Jiménez valoró el consenso alcanzado en la Comisión Mixta y reiteró su cuestionamiento al llamado a paro que realizaron los profesores para este jueves.

NUEVO MARCO LEGAL
En lo fundamental, el proyecto establece que la educación es un derecho de todas las personas y que es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico; esto es, respetuoso de toda expresión religiosa y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad.

Además, será deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias; propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público, como en el privado.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán por la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación.

Para ello, la Agencia de Calidad de la Educación evaluará los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a estándares indicativos.

Además, la iniciativa contempla una serie de deberes y derechos para los alumnos, los padres y apoderados, los profesores y sostenedores, entre los que se cuentan el dar y recibir un trato digno; dar y recibir una atención oportuna y acorde a las necesidades, y a atenerse a las disposiciones generales de la ley.

En esa línea dispone que todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública respecto del uso de los recursos y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría que realizará la Superintendencia de Educación.