A través de un dictamen, la Contraloría General de la República prohibió la entrega de la "píldora del día después" a los municipios y a entes privados que hasta hoy distribuían el fármaco.

La medida -según el organismo- "se hace extensiva a todas las entidades públicas o privadas que estén en convenio con el Sistema Nacional de Servicios de Salud", es decir a clínicas y Organizaciones no Gubernamentales.

De esta forma, el ente contralor confirmó el fallo que el Tribunal Constitucional (TC) emitió sobre la materia en abril de 2008.