El Gobierno de Bolivia levantó hoy el estado de sitio decretado en septiembre en el norteño departamento amazónico de Pando, pero anunció que el ex prefecto de ese distrito seguirá detenido a la espera de un juicio por una masacre de campesinos.

La medida supera el último obstáculo legal para que en enero se realice un referendo nacional sobre una nueva Constitución "plurinacional", en un momento clave del proceso de "refundación" emprendido por el Presidente Evo Morales en el empobrecido país.

La Corte Nacional Electoral había amenazado con paralizar la organización del referendo si Morales no suspendía la medida de excepción a más tardar el domingo 23 de noviembre, en coincidencia con el inicio del período de propaganda hacia la votación convocada para el 25 de enero.

"El estado de sitio en Pando ha sido levantado desde las cero horas de este domingo, pero esto no significa que queden sin efecto las garantías de convivencia pacífica que el Estado da a todos los ciudadanos de ese departamento", dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

El ministro indicó que, tras la medida de emergencia que permitió desarticular supuestos grupos paramilitares que servían al ex prefecto Leopoldo Fernández, un reforzado contingente de militares y policías permanecerá indefinidamente en Pando.

El estado de sitio fue decretado el 12 de septiembre, al día siguiente de un incidente en el que supuestos funcionarios de la gobernación pandina repelieron a balazos una caravana de campesinos afines al Gobierno, dejando al menos una quincena de muertos, varios heridos y decenas de desaparecidos.

Acusado por el Gobierno como responsable de la llamada "masacre de Porvenir", por el pueblo donde se produjo el incidente, el prefecto Fernández fue detenido, en una acción que debilitó al bloque de cuatro distritos de tierras bajas que trataron de frenar los cambios que impulsa Morales.

Fernández y 21 de sus ex colaboradores fueron acusados formalmente el sábado de genocidio y otros delitos, en la primera etapa de un proceso ordinario impulsado por el Gobierno en abierta disputa con la oposición conservadora que pide para la ex autoridad un juicio de responsabilidades.

Los acusados, que estaban confinados en La Paz, pasaron a ser detenidos por la justicia ante el fin del estado de sitio.

Los sucesos en Pando fueron parte de una ola de protestas de la oposición, que Morales denunció como un intento de golpe de Estado y terminó con un pacto para convocar al referendo constitucional.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que apoyó firmemente a Morales cuando estallaron esas protestas, anunció que su presidenta pro tempore, la Mandataria chilena Michelle Bachelet, recibirá el próximo martes un informe de una comisión especial que investigó la "masacre de Porvenir".