EL GOBIERNO ha decidido incluir sus puntos de vista en el debate legislativo que pretende legalizar el consumo de marihuana en el país. El envío de indicaciones al proyecto en trámite constituye un paso necesario y esperado, considerando las responsabilidades que al propio Ejecutivo le competen en el control del consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, tanto por sus efectos en la salud de las personas como por las externalidades negativas que generan para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, las reformas que propone el Gobierno no se enmarcan en ninguna de las líneas de acción que, en términos generales, han guiado el destino de las políticas públicas implementadas por distintos estados respecto al consumo de la marihuana. Por el contrario, al igual que con otras reformas, en la medida que surgen cuestionamientos en la opinión pública, el Gobierno opta por ajustes menores, como la reducción en el porte y consumo de la droga. Así, en lugar de definir si le parece bueno o malo el proyecto, el Ejecutivo se inclina por un anodino punto intermedio, donde sus críticas a la iniciativa se diluyen en la medida que los parlamentarios apoyen la rebaja de seis a una en las plantas permitidas por hogar y de diez a un gramo el porte legal de marihuana para consumo personal.

Pero seamos claros: una propuesta de esta naturaleza no responde ni a las demandas de mayor libertad individual ni a quienes propugnan la legalización del consumo como una forma de enfrentar el narcotráfico. Por cierto, tampoco se hace cargo del riesgo que supone, por ejemplo, la conducción de un vehículo por parte de personas bajo los efectos de esta droga.

Es posible que en esta tímida reacción del Gobierno haya influido el falso debate sobre los beneficios para la salud del consumo de marihuana. Por el contrario, numerosos expertos médicos han advertido los daños que genera, mientras que su uso como tratamiento del dolor ha sido superado por medicamentos más avanzados y eficientes.

A nivel mundial, el debate sobre la legalización del consumo de marihuana cobra fuerza por la necesidad de hacer frente al tráfico ilegal de drogas, generalmente asociado además a delincuencia y hechos de violencia. Aunque los resultados de las políticas que han legitimado el consumo y porte de cannabis están aún en etapa preliminar, lo cierto es que en todos los casos las reformas han comenzado por regular su comercio, estableciendo los puntos de venta, sus condiciones, restricciones a menores e impuestos asociados.

Bajo esos parámetros, la comercialización de la marihuana se sujeta a regulaciones similares a las que afectan a productos con potencial efecto negativo para la salud humana, como el tabaco y el alcohol, pero siempre con el objetivo de evitar la proliferación de un mercado clandestino. Evidentemente, ni el proyecto en trámite en el Congreso ni las indicaciones a éste enviadas por el Gobierno avanzan en esta línea.

Se pierde, por lo mismo, una oportunidad para debatir más a fondo sobre los objetivos que se persiguen con legislaciones como la comentada y, por el contrario, se genera un espacio para que, en lugar de disminuir, el narcotráfico sume nuevas vías de abastecimiento, mediante una ley que, bajo las actuales circunstancias, será muy compleja de fiscalizar.