HACE ALGUNOS días se dieron a conocer una serie de modificaciones a los reglamentos en las tres ramas de las fuerzas armadas en torno a las políticas de fiscalización, probidad y transparencia para el manejo de los recursos institucionales. Esto, tras el fraude que afectó al Ejército, que superó los $5.500 millones, y que fue detectado y denunciado por la misma institución en abril de 2014. Entre las medidas -que fueron anunciadas la semana pasada por la subsecretaria de Defensa a la Cámara- está la puesta en marcha de un departamento de denuncias anónimas frente a irregularidades; un proyecto de ley que busca extender el período de prescripción de responsabilidades administrativas; y que ex altos oficiales no participen en firmas proveedoras por un plazo de ocho años desde su retiro, entre otras.

Este hecho constituye una señal positiva, sobre todo, en momentos en que los estándares de transparencia que hoy reclama el país no admiten espacios a la opacidad. En ese sentido, es de esperar que estas iniciativas contribuyan a reducir al mínimo la ocurrencia de situaciones que resienten la confianza ciudadana, además de avanzar en pos de evitar al abuso de poder, la falta de probidad y el uso incorrecto de fondos en las Fuerzas Armadas.

No es un buen signo que en el clima actual de incertidumbre y descrédito hacia las instituciones que vive el país, entidades como el Ejército o Carabineros, aparezcan cuestionadas, ya que ello no hace sino profundizar el sentimiento de desconfianza. Según la última encuesta CEP, la confianza en las FF.AA. ha caído cinco puntos entre 2014 y 2016.

Si bien, estas medidas son un primer paso, sería esperable que fuesen acompañadas por un mensaje de parte de los órganos competentes hacia la ciudadanía - asegurando que en la práctica se adoptarán todas las medidas anunciadas- ; por una actitud más vigilante por parte de las propias instituciones; y por una revisión de los sistemas de control interno. Al parecer, ese es el único camino para reestablecer las confianzas.