DOS PARTIDOS de la Concertación -el PS y el PPD- han cuestionado éticamente a militantes de sus filas por acciones que han emprendido en el marco de su actividad profesional, y han abierto procesos internos que podrían concluir con su expulsión de dichas colectividades.

Así, la directiva del PS solicitó a su tribunal supremo pronunciarse sobre la decisión de un alto dirigente del club Universidad Católica que prohibió el ingreso de hinchas de su rival Colo Colo a un encuentro disputado hace una semana, con el argumento de que reflejó "un sesgo clasista" que afectó a gente del "mundo popular", en contradicción con los ideales de esa colectividad política. El tribunal supremo del PPD, en tanto, ha acogido un oficio que cuestiona la militancia en el partido del vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, pues sus gestiones en favor de ese proyecto hidroeléctrico son contrarias "al perfil humano" que busca esa tienda política en materia de protección medioambiental.

Los partidos políticos tienen derecho a esperar coherencia entre la conducta de sus militantes y las ideas que cada colectividad defiende. Pero aquí no se trata de faltas evidentes que ameriten condena y sanción, sino de decisiones gerenciales tomadas en el mejor interés de las empresas para las cuales esas personas trabajan y en cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

Junto con mostrar una concepción autoritaria de la militancia política, estos cuestionamientos inevitablemente son un desincentivo para que quienes tienen altas responsabilidades en el mundo privado -un ámbito en el que a los partidos les cuesta generar adhesiones- las conjuguen con su interés por la actividad político partidaria. Ello atenta contra los esfuerzos por mejorar el nivel de la política y arriesga empobrecerla.