A diez años de la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, cobra sentido revisar su contribución. Recordemos que esta ley implicó, para los establecimientos financiados por el Estado, el fin del copago de parte de las familias, la prohibición a los sostenedores de generar lucro y la eliminación de la selección de estudiantes por parte de los establecimientos, lo que conllevó a un nuevo sistema de admisión escolar centralizado.

La Ley de Inclusión Escolar ha sido controversial, y marcó un giro contracultural. Históricamente, el sistema escolar chileno ha estado marcado por una fuerte división de clases sociales, la cual se profundizó tras la reforma de la dictadura civil-militar en los años 80. Después de más de tres décadas, existía un sector privado acostumbrado a tener permiso para seleccionar, cobrar y lucrar, al que se sumaban los establecimientos públicos selectivos. Como resultado, el sistema educativo llegó a normalizar ampliamente prácticas discriminatorias, con una segregación social y educativa alarmante.

¿Qué tenemos al día de hoy? Primero, el país cuenta con el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que busca garantizar el derecho a la educación y dar prioridad a las preferencias de las familias. La reciente mesa técnica del SAE, aunque propuso recomendaciones, lo definió como “una herramienta que ha contribuido de manera eficaz a garantizar transparencia, eficiencia en la asignación y equidad en el acceso”. Segundo, la ley ha significado esfuerzos y avances, desde las propias escuelas, en la construcción de saberes y prácticas docentes inclusivas, y en evitar la no discriminación arbitraria de estudiantes en caso de suspensiones o expulsiones, ya sea por motivos de raza, etnia, origen social, identidad de género, entre otros. Tercero, alrededor del 80% de los establecimientos privados-subvencionados son hoy gratuitos, lo que constituye un aporte para las familias y un alivio para los mismos sostenedores, al eliminarse los pagos morosos. Y cuarto, la gran mayoría de los sostenedores privados se mantuvieron en el sistema, y se traspasaron a fundaciones sin fines de lucro.

¿Quedan desafíos? Por cierto. Aún existen alrededor de 800 establecimientos que cobran copago; se requiere mejorar el sistema de fiscalización para garantizar el no-lucro; los colegios particulares debieran igualmente responder a exigencias de inclusión; la educación pública demanda un nuevo régimen de financiamiento; se necesita rediseñar una política evaluativa nacional coherente con el principio de inclusión; y aún queda mucho por continuar avanzando en el fortalecimiento de las condiciones, las prácticas y una cultura escolar inclusiva.

En definitiva, la Ley de Inclusión Escolar, más allá de posibles mejoras al SAE, marcó un giro necesario en la política educativa, pero se requerirán nuevos esfuerzos para consolidar un sistema que avance hacia una mayor justicia socioeducativa.

Por Alejandra Falabella, académica Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado