El acelerado cambio demográfico es uno de los principales desafíos que enfrenta Chile. En los próximos diez años, se estima que la población crecerá solo 2,4% y a partir de 2037 comenzará a decrecer. Este cambio ya es notorio en la población infantil. En 30 años reducimos prácticamente a la mitad los nacimientos, pasando de 272 mil nacimientos en 1996 a 142 mil en 2025. Para 2036 se estima que nacerán 113 mil personas, 2,4 veces menos que en 1996. El sector educación será el primero en recibir el impacto.

En 2025, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) reportó 257 mil cupos para primero básico en el sector financiado por el Estado para un universo de 195 mil niños. La capacidad ociosa en primero básico fue de 24%. En cinco años la situación será aún más dramática; de mantenerse el número de establecimientos y cupos la capacidad ociosa aumentará a casi 40%. Ello repercute directamente en el financiamiento de la educación escolar.

El monto de la subvención general por alumno se definió considerando aulas de entre 40 a 45 estudiantes. Actualmente, el número de alumnos promedio por sala en establecimientos urbanos financiados por el Estado es 28 (31 alumnos para colegios particulares subvencionados y 24 para el sector estatal). En cinco años más este número podría llegar a 21, implicando una reducción promedio del 25% del financiamiento vía subvención. La magnitud de este impacto no será, empero, igual para todos.

El SAE revela que el sector particular subvencionado concentra el 70% de las primeras preferencias, ello lleva a pensar que en los próximos años la mayor reducción de matrícula se dará precisamente en el sector estatal, reduciéndose el financiamiento en hasta 40%. ¿Es sostenible esta situación? Evidentemente no. ¿Qué está haciendo el Estado para abordar este tsunami demográfico? Nada.

Los alcaldes e igualmente los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se han mostrado reticentes al cierre o fusión de establecimientos. Se estima que un establecimiento requiere de 700 alumnos para contar con un financiamiento que permita financiar calidad. Actualmente, solo el 18% de los establecimientos urbanos con financiamiento estatal cumplen con dicho umbral. Existen 163 establecimientos urbanos con una matrícula menor a 10 niños en primero básico y 883 escuelas rurales, cuya matrícula total no supera los 10 alumnos.

La caída brutal en la tasa de natalidad nos debiera llevar urgentemente a tomar medidas para racionalizar la oferta escolar, como ocurre en todos los países de alto rendimiento. De no hacerlo, en el corto plazo observaremos un desangramiento de las escuelas que afectará la calidad del servicio que entregan. Ante este escenario, la presión política por aumentar el monto de la subvención o, peor aún, pasar a un sistema de financiamiento de la oferta será brutal. El riesgo de no racionalizar la oferta está a la vista: aumento del costo por estudiante aparejado de un aumento de la ineficiencia en el gasto, toda vez que este aumento no va a financiar niños sino asientos vacíos.

Optimizar la oferta conlleva enormes beneficios, pero tiene costos políticos que, hasta ahora, nadie ha querido asumir. Ella no sólo garantiza un uso eficiente de los recursos económicos, sino también podría servir para mejorar la calidad del sistema escolar en su conjunto, en la media que el plan de optimización incentive el cierre de establecimientos de bajo rendimiento y fortalezca a los establecimientos altamente demandados por las familias y de buen desempeño.

La reducción de establecimientos conlleva una reducción del cuerpo docente, que bien diseñada también permite priorizar a los docentes de buen desempeño. Así, el desafío que nos plantea el cambio demográfico puede servir para avanzar en calidad si existe la voluntad política para ello. Por eso resulta desconcertante que la primera prioridad del gobierno en educación sea dar urgencia a un proyecto de ley que apunta a flexibilizar aún más la creación de nuevos colegios.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.