Luego de casi 15 años levantando datos en 10 ciudades de la región de Valparaíso, junto a un grupo de investigadores podemos concluir que el deterioro de los lugares públicos es, sin duda, uno de los mayores dolores de la población. El delito ciertamente importa, pero, además, las acciones que dificultan la vida en comunidad son prioritarias. Aunque a veces suene abstracto o lejano, el deterioro determina la experiencia de la vulnerabilidad. El que no puede tomar una micro por las estaciones vandalizadas, el que camina con miedo en una calle oscura, el que pasa por esquinas tomadas por la droga o el que presencia peleas violentas en la calle; todos ellos conviven con una sensación de inseguridad que no depende de la existencia concreta de delitos.

Analizando los datos, nos hemos dado cuenta de que, además, quienes más sufren el impacto de la incivilidad son precisamente los grupos más vulnerables. Mujeres, grupos económicamente precarios y adultos mayores tienden a sentir mayor inseguridad que el resto cuando experimentan el mismo tipo de actos. Todo lo anterior nos invita a aceptar —sin vacilaciones— la relevancia de mejorar la forma en que convivimos con nuestro entorno.

Dicho lo anterior, el gran desafío de los actores políticos es identificar la mejor forma posible de abarcar el problema, entendiendo correctamente sus causas y evitando simplismos que, a la larga, pueden terminar por acrecentar el problema. A mi juicio, esa es la discusión que debiese primar en torno al proyecto de ley de vándalos, que está siendo promovido por el gobierno.

En la opinión pública ya se han dado argumentos consistentes que invitan a repensar la iniciativa. El impacto insignificante en vándalos ABC1 —quienes, por defecto, ya tienen asegurados sus derechos sociales— o el abandono de aquellos chilenos “no honestos” han sido algunos de los problemas levantados. Esto último es particularmente curioso, pues en Chile parece evidente que la marginalidad, las drogas y el abandono originan conductas reprochables, pero en vez de atacar esas causas, estamos optando por centrarnos más bien en un par de síntomas, lo que en este caso se traduciría en una renuncia a la tarea de reinsertar.

Es particularmente confuso que toda esta discusión se dé en este gobierno, porque la propensión por los descarriados no es una idea meramente cristiana (“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”, diría Jesús), sino que, además, encuentra sus bases en una sensibilidad política compartida por varios de quienes hoy gobiernan. Son esos lineamientos los que nos llevarían a considerar que, quizás y solo quizás, pueda ser posible rescatar a alguien del vandalismo a través de acciones concretas. Visto así, podríamos concluir que la correcta focalización y efectividad de los beneficios sociales son las que nos llevarían a tener menos vandalismo, no la ausencia de ellos.

Por supuesto que el debate no está zanjado —es más, en su esfera legislativa ni siquiera ha comenzado—, por lo que estamos en el momento preciso para pensar en los matices de la propuesta. Serán esos grises los que, bien intencionados, nos podrían llevar a una política algo más robusta, que logre conjugar correctamente el rol disuasivo de la pena con el valor de la reinserción. Porque estamos claros de que todos queremos ciudades vivibles y entornos seguros, el desafío es identificar el camino correcto, atacando las causas más que los síntomas.

Por Pedro Fierro, investigador P!ensa y Director CIL UAI