Luego de la aprobación del “corazón” de la megarreforma en el Congreso y su pronto despacho, pronosticado para las primeras semanas de agosto, la agenda laboral del gobierno se tomará el debate político. Más allá de las medidas coyunturales lanzadas para evitar que la desocupación llegue a los dos dígitos en los meses más duros del invierno, el gobierno comienza a articular un paquete de reformas de mediano y largo plazo que agilice la creación de empleo, mejore las débiles tasas de formalidad y permita mayor flexibilidad laboral a las empresas.

Y esta semana el gobierno anotó un paso clave para ese propósito.

En medio del fuego cruzado entre el gobierno y oposición por tocar una de las reformas emblemáticas del gobierno del Gabriel Boric, el martes el Congreso inició la discusión del proyecto que flexibiliza la aplicación de la jornada de 40 horas, la que, según el oficialismo, ha aumentado los costos laborales de las empresas junto a las alzas del salario mínimo de los últimos cuatro años y la mayor cotización previsional derivada de la reforma de pensiones.

“Las 40 horas están en peligro”, fue la consigna lanzada por las exministras del gobierno anterior Camila Vallejos y Jeannette Jara hace dos semanas, quienes advirtieron que los cambios podrían permitir semanas laborales de hasta 52 horas, lo que fue desmentido por el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau. “Haremos todos los cambios que podamos hacer para que las empresas se puedan adaptar mejor en esta crisis laboral autoinferida. Tenemos que permitir esta adaptabilidad para poder sortear esta crisis. Las 40 horas no se cambian. Lo que se está cambiando es cómo se promedian o calculan las 40 horas”, respondió con vehemencia Rau ante la arremetida opositora.

La experiencia mundial

El 26 de abril de 2024 se inició la reducción anual de la jornada laboral desde las 45 horas semanales a 40 horas (2028). El proyecto de ley que perfecciona los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de trabajo y establece un régimen especial para el turismo ingresado esta semana al Congreso modifica los artículos que regulan los pactos de distribución de la jornada ordinaria sobre la base de promedios semanales de 40 horas, permitiendo una mayor flexibilidad para las empresas y trabajadores respecto de lo que hoy existe, en la Ley aprobada en 2023.

En lo esencial, la iniciativa amplía el período máximo de referencia (ciclos en los que distribuye la jornada) desde 4 hasta 16 semanas para el régimen general, manteniendo el límite máximo de hasta 45 horas ordinarias en cada semana. Para el sector turismo y sus actividades conexas -como hotelería, gastronomía, entretenimiento y operadores turísticos-, cuya actividad se caracteriza por fluctuaciones estacionales significativas y previsibles, se establece un régimen especial que amplía el ciclo en hasta 52 semanas, manteniéndose igualmente el límite máximo de 45 horas ordinarias por semana.

El relato del gobierno se ha basado en la necesidad de adaptar la jornada horaria tal como hoy lo exhiben los países que integran la OCDE (foro internacional compuesto por 38 países, la mayoría de ellos desarrollados) y cuyo promedio de horas semanales trabajadas se sitúa en 41 horas, solo una hora menos de las 42 que este año tiene Chile.

En cuanto al esquema de distribución de la jornada laboral (ciclos), la mayoría de ellos permite periodos de referencia similares a lo que propone el proyecto de ley del gobierno. “En el caso de los países de la OCDE, 20 de ellos cuentan con este tipo de mecanismos, con un período de referencia promedio cercano a 15 semanas. Por ejemplo, en Italia la regla general permite organizar la jornada semanal de modo que promedie 40 horas en un período de 16 semanas”, sostienen desde el Ministerio del Trabajo.

A su vez, la gran mayoría de los países que integran el conglomerado, en el que participa también Chile, establece un límite máximo de horas trabajadas a la semana que considera tanto horas ordinarias como extraordinarias. En promedio, este límite asciende a aproximadamente 51 horas semanales, cercano al máximo de 52 horas establecido en la actual legislación chilena, sostiene un análisis de Trabajo (ver infografía).

El abogado y exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, destaca que el proyecto de ley es una propuesta coherente y con respaldo de experiencias comparadas en países desarrollados que datan de varias décadas. “Si queremos colocarnos los pantalones largos a nivel de economías desarrolladas con jornadas de 40 horas, pongámonos los pantalones largos completos. Hagamos un sistema armónico de duración y de distribución. Lo que se genera con el proyecto son alternativas de distribución y habrá empresas que tomen esa alternativa y otras que seguirán de la misma forma de lunes a viernes. Nada obliga a que sea permanente tampoco”, repara Albornoz.

Para Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes, dice que la experiencia internacional muestra que es posible reducir la jornada laboral sin dañar el empleo, en la medida que se incorpore mayor flexibilidad, como ampliar los períodos de referencia para promediar las jornadas, como ocurre en Francia y Portugal. “Sin más flexibilidad, reducir la jornada equivale a encarecer cada hora trabajada, lo que perjudica el empleo formal”, añade Hormazábal.

“Con la propuesta, el límite sigue siendo 40 horas en promedio y se mantiene un techo absoluto semanal. Es decir, no se trabajarán más horas en el año. Lo que cambia es que empresas y trabajadores pueden acomodar semanas de mayor y menor intensidad dentro de una relación laboral formal y estable, en lugar de recurrir a horas extraordinarias, contratos intermitentes o informalidad. En definitiva, ampliar el período de referencia es la diferencia entre una reducción de jornada que protege el empleo y una que lo encarece”, concluye la economista de Pivotes.

El puzzle de horas

El nuevo engranaje legal que articula el proyecto, sin embargo, abre nuevos escenarios de flexibilidad que traen más de una novedad. Si hoy una empresa decide hacer ciclos (de cuatro semanas) con semanas laborales más intensas que otras (bajo el régimen de 40 horas semanales al que se llegará el 2028) requiere el acuerdo del trabajador y del sindicato en caso que el empleado esté adherido. Un ejemplo de este ciclo con la actual legislación es una distribución de 45 horas la primera semana, 45 horas la segunda semana y 35 horas cada una de las siguientes dos semanas, lo que en promedio suma 40 horas en un ciclo de cuatro semanas.

El proyecto propone en su régimen general hasta 16 semanas de referencia para el mismo cálculo de 40 horas promedio trabajada semanalmente. Para adoptar este ciclo sólo se requiere acuerdo entre trabajador y la empresa, excluyendo la venia del sindicato, lo que es una novedad respecto de la actual legislación. La eventual decisión de aumentar a 52 semanas como referencia para el cálculo requiere un acuerdo sindical en este mismo régimen general.

Para el régimen especial (turismo y actividades conexas) el proyecto extiende a 52 semanas el ciclo de cálculo, lo que no requiere acuerdo sindical.

En cuanto al número máximo de semanas consecutivas con periodos de trabajo más intensos de lo normal que se pueden adoptar por parte de la empresa, el proyecto también tiene novedades. Mientras hoy hay un límite de dos semanas consecutivas para jornadas mayores al promedio y tres máximo en el ciclo de cuatro semanas (Ejemplo: 45 + 45 + 25 + 45), la iniciativa del gobierno amplía a cuatro semanas de corrido la posibilidad de tener semanas laborales más intensas en el régimen general. Sin embargo, el proyecto limita a 50% las semanas en que se puede trabajar más intensamente dentro del ciclo general de 16 semanas, a diferencia del tope actual de 75% para el ciclo de cuatro semanas. Para el régimen especial del turismo, las semanas consecutivas en que se puede trabajar más intensamente quedan en ocho y con las mismas restricciones del régimen general.

Con todo, el proyecto de gobierno no innova, en lo fundamental, en lo relativo a las horas semanales máximas con jornada ordinaria y extraordinaria en los regímenes general y especial. Para jornadas ordinarias de 45 horas semanales, el proyecto mandata el acuerdo solo del trabajador, lo que marca una diferencia respecto de la actual legislación en que se exige también la venia del sindicato en caso que el empleado esté adherido.

Para una eventual semana de 52 horas, el proyecto no exige acuerdo sindical en la medida que la sumatoria esté compuesta de horas extra y ordinarias (con tope de 45 horas ordinarias). Si son solo horas ordinarias requiere acuerdo sindical obligatorio. En el seno del gobierno apuntan que las empresas de turismo que gozarán del régimen especial casi en su totalidad son pequeñas y medianas empresas que no alcanzan formar un sindicato de trabajadores, por lo que difícilmente podrán llegar a tener 52 horas de trabajo semanal.

Las dudas y el debate que viene

Durante la primera jornada de debate en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de esta semana, se levantaron las primeras luces sobre cuáles serán las dudas y los flancos del proyecto de gobierno. Mientras el diputado PC Luis Cuello dijo en la oportunidad que la iniciativa generaba una “pérdida de derechos colectivos” para los trabajadores, Gael Yeomans alertó por la caída de los ingresos por horas extra para el empleado. “A pesar que se diga que no se tocan las horas extra, podría afectarse por lo menos a la mitad del pago original de la hora extra”, lanzó la diputada frenteamplista durante el debate en la Comisión.

Un estudio de Horizontal, que actualiza la evidencia comparada de los países de la OCDE, coincide en que el proyecto del gobierno se acerca a los patrones utilizados en los países OCDE, especialmente en aquellos que hoy muestran bajas tasas de desempleo.

“El proyecto del Ejecutivo va en la dirección correcta y recoge lo que se propuso en la Mesa de Reactivación. Esta es una medida necesaria para evitar que la diminución de jornada qué está en curso no se traduzca en mayor desempleo y también para promover la creación de empleo formal, especialmente en industrias estacionales. Sin embargo, para que la flexibilidad no se traduzca en desprotección, se deben resguardar elementos en el diseño”, repara María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal.

El investigador del mismo centro de pensamiento, Franco Nieri, va más allá y dice que la evidencia de los países OCDE con bajo desempleo muestra la importancia de contar con marcos amplios de cálculo de jornada. Sin embargo, levanta algunas alertas a tomar en cuenta en la discusión. “Entre los elementos claves es fundamental incluir mecanismos para que no se produzcan desvinculaciones anticipadas, mantener el tope semanal atribuible a jornada ordinaria de 45 horas, sin excepciones, limitar debidamente las semanas en que se puede trabajar el máximo de horas y velar para que en el cálculo de horas extras y ordinarias, este nuevo marco no reduzca el ingreso de los trabajadores al cierre de cada ciclo”, concluye.

Frente a las dudas sobre posibles desvinculaciones de trabajadores antes del término de los ciclos pactados, fuentes de gobierno dicen que la legislación protege al empleado y que plantea desincentivos para que se puedan generar abusos.

“Si hay un contrato indefinido y se acuerda un ciclo de 52 semanas y se despide al trabajador al final de los primeros tres meses del ciclo que tienen las jornadas más intensas, al trabajador se le debe pagar todas las horas adicionales que se debían haber compensado pero que no se pudieron compensar. Es decir, se le deben pagar todas las horas que trabajó por sobre el promedio de 40 horas”, concluye un abogado de gobierno.