Fue en 2018 cuando la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica María Pía Silva fue elegida por la Corte Suprema para ser ministra del Tribunal Constitucional (TC). Desde ahí, esta abogada de larga carrera académica se transformó en jueza constitucional y actualmente es la primera antigüedad en el pleno del TC.

“Para cualquier académico que le guste el tribunal y el Derecho Constitucional, es un sueño estar acá. Así es para mí. Ha sido una mirada distinta, he podido poner en práctica todo lo que he aprendido”, dice.

La nueva presidenta es discípula del jurista Alejandro Silva Bascuñán. Con él escribió libros, informes en derecho, aprendió de su doctrina, se transformó en su albacea y hasta el día de hoy lo sigue honrando. Así lo hizo al momento de asumir la presidencia del TC. “Es mi impronta”, afirma en su primera entrevista como presidenta.

Silva lleva ocho años como ministra y ahora, dice, llegó el momento de devolver la mano al TC. “Veo a los ministros como pares míos, yo soy un par más, pero ahora tengo una responsabilidad para seguir fortaleciendo esta institución. Eso es lo que me motiva”, asegura.

Cuando asumió el cargo citó uno de los considerandos del fallo del TC por el proyecto Escuelas Protegidas. “El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico”, dijo ante los asistentes, entre los que estaba el Presidente José Antonio Kast.

Silva profundiza en esa idea, defiende el rol de la institución, reafirma que no son actores políticos y enfrenta las críticas que provienen del mundo político.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el TC?

Uno de los desafíos más importantes es que se entienda bien cuál es el rol que cumplimos, porque a veces hay confusión. Aquí se ejerce un control para velar por la supremacía constitucional, y eso significa que uno juzga actos que vienen de otros órganos, pero a la luz de la Constitución. A veces hay mucha incomprensión y se termina creyendo que, porque entramos a juzgar esos actos desde el punto de vista jurídico, se hace una especie de control político. Y eso no es así, porque somos, en primer lugar, un tribunal, y un tribunal lo que hace es aplicar el Derecho, ejercer un control jurídico y en este caso un control de constitucionalidad de las normas.

Ese es justamente el punto, los reproches van porque ustedes resuelven políticamente.

No es raro que nos atribuyan que ejercemos una especie de tutela sobre los órganos políticos, pero lo que hacemos es sencillamente velar por la supremacía constitucional, y eso es una tarea compleja, porque requiere cierta expertise, requiere aplicar criterios jurídicos, entender que la Constitución es un conjunto de reglas, principios y valores que se interpretan de acuerdo a ciertos criterios de interpretación constitucional que no son los típicos de una ley. Son métodos particulares de interpretación. Aquí uno tiene que razonar y decir sabe qué, esto no es propio de nuestra esfera, esto le corresponde al Legislador, esto le corresponde al juez, esto le corresponde al Ejecutivo. Nosotros no podemos claudicar de nuestras facultades. Tenemos el deber de actuar y declarar esa inconstitucionalidad, algo que siempre es de última ratio. Eso nos impone otro deber, porque uno tiene que explicar muy bien por qué declara inconstitucional una regla, porque evidentemente las consecuencias de nuestras sentencias son muy gravitantes para el destino de un pueblo.

¿Cómo está esa comprensión en el mundo político? De ahí vienen las críticas más ácidas, los tratan de actuar como una cámara política.

Somos un tribunal colegiado, somos varios los integrantes, tenemos ciertas sensibilidades, pero somos principalmente jueces constitucionales, o sea, lo que estamos llamados a hacer es aplicar la Constitución para resolver los casos y dar cuenta de nuestros dichos con sentencias motivadas. Somos un tribunal, no somos actores políticos. La política ve la dirección de la sociedad hacia el bien común y eso se hace a través de las mayorías. Pero esa mayoría puede errar en cuanto a infringir la Constitución, y ahí entramos nosotros, pero no podemos actuar y tenemos que ser deferentes cuando hay problemas de otra índole que no tienen que ver con la vulneración de la Constitución. De lo contrario, estaríamos ejerciendo un control político. Y la verdad es que no es así. Lo importante es que quienes acuden ante nosotros tienen una duda, una discrepancia respecto a si la norma es o no constitucional. Y ahí se nos pide a nosotros que actuemos como un árbitro que dirima el conflicto desde la perspectiva de la aplicación del Derecho Constitucional.

Dice que no son actores políticos, pero ¿de qué forma eso conversa con la propia naturaleza de la Carta Fundamental? Por algo se llama Constitución Política de la República. A eso se suma también la propia historia de los ministros. Usted misma fue militante de un partido político, de la DC, al que renunció cuando entró al TC.

Sí, pero los seres humanos tenemos distintas dimensiones. Es absolutamente válido que alguien pueda militar en un partido político, pareciera como que fuera una cosa extraña, pero cuando uno entra acá, uno se saca eso de encima, uno vive al máximo el deber de ingratitud. Uno asume el rol que le corresponde y ese rol a mí me llevó, por supuesto, a desafiliarme. Eso no significa que no tengamos ciertas concepciones del bien general, porque todo ser humano lo tiene, pero aquí lo que manda es lo que dice la Constitución y las reglas adecuadas para resolver el conflicto.

¿Se ha sentido autónoma respecto de la DC? Porque mucho se dice este ministro es del PS, va a votar así, ese ministro es de ese otro partido, votará de esta manera.

Basta ver mis fallos, no tengo que dar más explicaciones. Yo veo cada cosa en su mérito y creo que ese es el rol del juez constitucional: verlo en su mérito, revisarlo y, una vez que hay una convicción, resolver.

El TC pasó por años de mucha tensión y ahora está en paz. ¿Cómo está el ambiente interno? ¿Cómo ve su salud institucional?

El TC goza de una buena salud. Hay buen ambiente. Esto ha sido fruto de un trabajo lento, pero fuerte para remover un ambiente que fue tóxico en un momento, pero creo que todas las instituciones a veces pasan por ciertas crisis. En mi opinión, en eso algo tuvieron que ver los medios de comunicación, creo que ahí hubo una irresponsabilidad, pero bueno, son momentos. No hay institución que no pase por ese tipo de problemas y nosotros lo hemos superado con creces. Estamos en un ambiente muy grato de trabajo, donde hay mucho respeto entre los ministros, hay un sentido de cuerpo colectivo muy fuerte. Las individualidades aquí ya no son como antes. Se ha hecho un trabajo de relojería. Las últimas dos presidencias han colaborado muchísimo en eso. Hoy podemos decir que tenemos una institucionalidad súper robusta.

La presión no solo ha sido interna. El TC ha pasado por años álgidos de presión para reformarlo. En los procesos constitucionales se quiso eliminar, luego reformular y, pese a todos los intentos por botarlo, el TC sigue aquí, intacto.

Porque es una institución, se mantiene su esencia a pesar de todo, y eso es porque es una necesidad, porque prestamos servicio a la comunidad y se ha ido valorando ese servicio. Nos sentimos así, todos somos servidores públicos.

¿Cómo toma el hecho de que se acuse al TC de que actúa como una tercera cámara política?

Es no comprender el rol que ejercemos. Porque ya le dije, no somos un órgano político, somos un órgano jurisdiccional. Entonces, tildarnos de tercera cámara es como si fuéramos actores políticos y no lo somos, porque no nos corresponde. Es no comprender exactamente para qué estamos.

¿Qué le parece el manoseo que se hace del TC? Cuando a la izquierda le iba mal, lanzaba los peores dardos hacia el TC, ahora que le va bien, hay silencio, pragmatismo. Cuando a la derecha le iba bien, los defendían, ahora que le va mal, los quieren reformar.

Eso es volver a politizar el rol del tribunal. La herramienta está, cualquiera puede acceder a ella. Si algún sector considera que se ha caído en una inconstitucionalidad, estamos para dirimir el conflicto. Si eso es de un sector o del otro, me es indiferente. Si la discrepancia es de un sector o de otro, eso me es indiferente. Al final lo único que importa es cumplir con nuestro rol de ejercer este control de constitucionalidad.

¿Ese tipo de críticas le hacen daño a la institucionalidad?

Es que esto pasa en todo el mundo. Este no es el único tribunal al que le pasa. En España, en Italia, en Alemania, en todos los lugares se crean este tipo de argumentaciones. Sencillamente esta es una herramienta que existe y que los parlamentarios pueden invocar si se cumple con los requisitos.

¿Esto es normal para un tribunal que es esencialmente contramayoritario?

Es que cualquier tribunal es contramayoritario. Si fuéramos elegidos por la ciudadanía, ahí sí podríamos ser un órgano político, ¿no? La crítica siempre va a existir. Uno no puede obviarla, pero es parte del rol de ser juez tener esa claridad de que esas críticas van a estar siempre y que uno tiene que estar por sobre ellas y no sentirse presionado por ellas para nada. Yo, por lo menos, no me siento presionada por las críticas que puedan venir de un sector político o de otro, porque en la medida en que uno cumple con su rol está cumpliendo con su deber.

Ahora se va a venir otro momento de tensión con los requerimientos contra la megarreforma del gobierno. ¿No cree que ese debate es justamente para presionarlos al momento de analizar estos requerimientos?

Como te acabo de decir, no me siento presionada. Cada vez que vienen acá a pedirnos la resolución de un conflicto, uno siente la tremenda responsabilidad que implica nuestro rol. Eso significa que tenemos que estudiar, analizar y deliberar entre nosotros y ojalá llegar a los máximos consensos, pero eso es propio a la tarea judicial.

Pero se lo preguntaba por el ambiente. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, uno de los que firmaron los requerimientos, interpeló al pleno, les dijo que tienen en sus manos el destino de nuestra democracia. ¿Se está presionando directamente la decisión que tienen que tomar?

Lo único que le puedo decir es que cada vez que ejercemos jurisdicción, cada vez que resolvemos, estamos dando garantía al Estado constitucional y democrático de Derecho que está estructurado en nuestra Constitución. Eso es. Ni más ni menos. Por lo tanto, no veo que estemos viendo los destinos de la democracia chilena, sino que más bien fortalecemos el Estado de Derecho a través de nuestras resoluciones. En la medida en que nosotros resguardamos y garantizamos la Constitución, estamos indirectamente garantizando la democracia.

¿Cómo ve que ciertos resultados de un fallo puedan motivar alguna reforma orgánica al TC?

Siempre el poder constituyente puede reformar la Constitución, eso es parte de su tarea y nosotros somos quienes aplicamos la Carta Fundamental, por lo tanto, si hay una reforma, vamos a aplicar las normas que se han dictado. No me corresponde dar una opinión sobre eso, porque no está en el ámbito de lo que nos corresponde.

Usted hablaba justamente de la libertad para resolver, pero ahora tiene una responsabilidad adicional: su voto vale doble en caso de empate. ¿Cómo va a lidiar con esa carga adicional de dirimir?

Son las reglas del juego. Siempre se puede tratar de llegar a los máximos consensos. Lo que me va a tocar a mí es sencillamente aplicar la ley. No quiero personalizar este problema, porque estoy en una institución en la que a todos los que han pasado por la presidencia les ha tocado hacer lo mismo. Y si hay que ejercerlo, hay que ejercerlo nomás y punto.

¿Estaría a favor de eliminar el voto dirimente?

Llegado ese momento, si se nos pide la opinión, la daremos como cuerpo colegiado que somos. Yo prefiero abstenerme de decir mi opinión, porque no corresponde, no es el momento.

¿Existen garantías de que el TC, ante esta presión política que probablemente va a aumentar, sea capaz de cerrarle las puertas a ese ruido externo para fallar sin esa contaminación política?

Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque yo creo que si somos un tribunal, no deberíamos entrar en ese juego. Uno como juez constitucional, a diferencia de otros jueces, sabe los efectos que va a tener una resolución y por eso uno tiene mucho cuidado, porque si uno deroga una norma, se expulsa del ordenamiento jurídico. Yo no soy una analista política para saber qué va a pasar con nuestros fallos. Lo que sí tengo claro es que tenemos que velar por la supremacía constitucional, y si llegan mil requerimientos, tendremos que revisar los mil requerimientos. Cada uno en su mérito. Y así será.