SEÑOR DIRECTOR

Hace unos días, circularon por redes sociales imágenes que mostraban un muro escrito con amenazas de muerte a Verónica Vilches. Esta no es la primera vez que la presidenta del Comité de Agua Potable Rural San José en Cabildo e integrante de Modatima está bajo amenaza de muerte. Durante el año 2017, la líder ambiental fue objeto de varias amenazas y sufrió un ataque incendiario a un vehículo de propiedad de su madre.

Sin duda la reiteración de amenazas y/o ataques a dirigentes ambientales locales enciende las alarmas del país, más aún cuando muchas veces las personas que son víctimas de la violencia habitan en zonas rurales y no cuentan con el debido resguardo que debieran brindarles las autoridades.

Los defensores y defensoras ambientales son personas que se han comprometido con su comunidad y han asumido roles de liderazgo debido a la enorme injusticia ambiental que existe en los territorios producto de los malos comportamientos de empresas, las cuales están generando impactos ambientales severos o dañando irreparablemente las áreas donde se emplazan sus faenas.

El informe de Global Witness reportó en 2020 el asesinato de 227 activistas ambientales en el mundo y una vez más señaló que Latinoamérica y el Caribe es la región más peligrosa del mundo, pues concentra tres de cada cuatro ataques registrados, la mayoría de ellos sobre dirigentes locales y de comunidades indígenas.

A pesar del aumento de muertes y amenazas sobre dirigentes locales, el Presidente Piñera decidió negarse rotundamente a suscribir el Acuerdo de Escazú, que se basa en la justicia ambiental y establece la importancia de que los estados otorguen protección a los defensores ambientales. Casos como el de Verónica Vilches, así como lo ocurrido hace unos días en Laguna Verde, no pueden ni deben seguir sucediendo en Chile y para eso urge que el gobierno de Boric firme, ratifique e implemente este acuerdo cuanto antes.

Flavia Liberona

Directora Ejecutiva de Fundación Terram