En los últimos días, el caso de Bernarda Vera ha dado pie a narrativas negacionistas con respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura a manos de agentes del Estado. La verdad respecto de esta terrible herida ha tardado años en construirse y no debe ponerse en cuestión por un sólo caso.

Recientemente, el ministro en visita Álvaro Mesa informó a los familiares de Bernarda Vera que un informe pericial de ADN acreditó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. Bernarda Vera figura en el listado de personas desaparecidas del Informe Rettig, sin embargo, las investigaciones han verificado que está viva y reside en Argentina.

Cabe señalar que no es el primer caso en que se ha debido avanzar en rectificaciones del listado de personas desaparecidas elaborado inicialmente por la Comisión Rettig. Al igual que el caso de Bernarda Vera, pero a la inversa, está el caso de Luis Pino Soto, un joven que en 1986 tenía 15 años cuando fue hecho desaparecer y que por un error no fue incluido inicialmente y solo a inicios de 2026 se reparó esa falta. Ambos son casos aislados cuya rectificación representa menos del 1% de los 1.469 casos de personas desaparecidas que sí han sido verificados en el Informe. Eso sí, por el joven Luis Pino no hemos visto grandes titulares de denuncia.

Ante este escenario, no corresponde el aprovechamiento político ante lo sucedido con Bernarda Vera. Si bien, es valorable que se esté esclareciendo esta denuncia y que sigan realizándose todas las diligencias conducentes a saber la verdad sobre este caso, este no puede instrumentalizarse para negar una verdad histórica incuestionable: las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en nuestro país, no son un invento.

La reacción de muchos parlamentarios y autoridades de gobierno ante este hecho ha sido, no sólo cuestionar el caso concreto, sino también intentar deslegitimar todo el trabajo de la Comisión Rettig, comisión cuyo propósito principal consistió en esclarecer y registrar de forma oficial las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desaparición forzada cometidas por agentes del Estado o por particulares bajo motivaciones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Incluso el Presidente Aylwin pidió perdón al pueblo de Chile por las atrocidades cometidas por agentes del Estado de Chile reconociendo el trabajo de la Comisión.

No es la primera vez que se intenta derribar el trabajo de la Comisión. En su día los representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros –entre ellos el mismo Augusto Pinochet– reaccionaron con indignación y rechazaron el contenido del Informe Rettig. Así como también los partidos de derecha, incluso cuando varios de sus integrantes eran parte de la Comisión.

La lucha por la verdad histórica continúa. En los últimos 35 años hemos observado algunos avances significativos: el cierre del Penal Cordillera, donde personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cumplían condenas en condiciones de privilegio; o el cuestionamiento por parte del gobierno a los llamados “cómplices pasivos”, refiriéndose a quienes sabían de los abusos y no hicieron nada para evitarlos. Sin embargo, hoy esos consensos básicos parecieran haberse puesto en cuestión. Mientras tanto, los discursos que niegan, minimizan o justifican las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo oscuro de nuestra historia han ganado espacio y legitimidad.

No permitiremos que se distorsionen los hechos: en Chile se cometieron miles de crímenes de desapariciones, ejecuciones, torturas y violencia sexual por agentes del Estado entre 1973 y 1990. Se trata de las peores atrocidades cometidas en nuestra historia. Nadie debe olvidarlos, menos quienes ejercen roles de autoridad en el Estado. Para que el “Nunca Más” sea real tenemos que volver a tener esos consensos mínimos. Es una exigencia ética con las víctimas, con nuestra historia y con las futuras generaciones.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile