La caída de Nicolás Maduro ha generado un palpable alivio en los más amplios sectores. Una dictadura que ha devastado las instituciones y la economía de Venezuela, que ha torturado, ejecutado y encarcelado a miles de compatriotas, traficado drogas y exportado crimen organizado, parece llegar a su fin. El mundo inicia 2026 con renovadas esperanzas. Sin embargo, este cambio deja un rastro de inquietudes que no podemos ignorar.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el gobierno, lo que plantea preguntas sobre la continuidad del régimen bolivariano. ¿Estamos ante un simple cambio de fachada? Es posible que lo que está ocurriendo sea una transición pactada, liderada por quienes han sojuzgado al país. Tal vez a cambio de impunidad, ellos podrían controlar a las FF.AA. y sofocar levantamientos populares, mientras pavimentan el retorno a la normalidad. Pero, ¿podemos confiar en que sentarán las bases de una democracia estable? El olvido de quienes triunfaron en las elecciones de julio de 2024 (González y Corina), ¿es para asegurar gobernabilidad y permitir su retorno? ¿O es el petróleo?

La falta de antecedentes conocidos rememora lo ocurrido en otros contextos, como Irak o Libia, donde intervenciones externas llevaron a resultados muchas veces desastrosos.

Además, surge una pregunta clave sobre la legitimidad del derrocamiento. Algunos sostienen –con razón- que este no es el camino del derecho internacional, que aboga por el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Si aceptamos esta intervención, estaríamos sentando un peligroso precedente que se podría usar para justificar acciones similares en otras latitudes.

No obstante, es válido inquirir dónde estaba el derecho internacional mientras se vulneraban derechos fundamentales. ¿Quién defendió a un pueblo cuya soberanía fue usurpada? Las declaraciones retóricas o de apoyo a Maduro que hoy se escuchan olvidan este hecho e ignoran el largo sufrimiento de millones obligados al exilio en pos de un refugio seguro.

Este dilema entre la evidente necesidad de tener normas internacionales efectivas y la urgencia de poner fin a los abusos sistemáticos de un régimen es complejo, porque en esta hipótesis el sistema falló. Fracasó en evitar el drama venezolano. Es cierto que la anomia que reina en el ámbito internacional permite que el más fuerte actúe solo por sus intereses, lo que constituye un desafío para los países más pequeños que claman por un orden mundial respetado. La lucha por la existencia de normas universales es crucial; sin ellas, nos convertimos en espectadores de juegos de poder. Chile es tributario de la débil normativa existente, la cual permite sostener la intangibilidad de los tratados y, con ello, sus fronteras. Mas llega un punto en que no es ético contemplar pasivamente a un tirano violar el derecho y destruirlo todo.

Entonces: ¿cómo podemos avanzar hacia un futuro donde la justicia, la democracia y el respeto por los derechos humanos sean la regla y no la excepción?

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario