Si hay algo en lo que concuerdan todos los actores, parlamentarios, gobierno y aseguradoras, es que, con el inicio del año, comienza una cuenta regresiva para las Isapres, como era la intención de quienes hoy gobiernan. Esto refrendado desde el programa, replanteado en la fallida Constitución de septiembre de 2022 y la falta de participación en las audiencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Desde enero, las primas son reducidas sustantivamente. Está pendiente la aplicación del fallo que obliga a las compañías a devolver US$ 1.400 millones en la versión de la Superintendencia o US$ 1.000 millones si se aprobara la ley corta. Desde luego, esta cifra es hoy mucho mayor.

¿Cuáles son los riesgos de este destino? Las Isapres ayudan a mantener una amplia red de servicios privados que atienden a beneficiarios de Fonasa, como si fuera un subsidio al Estado. La caída de las aseguradoras deja sin cobertura a cerca de un millón de beneficiarios con enfermedades crónicas, tratamientos de cáncer y cirugías.

¿Qué ocurrirá con las Isapres? Algunas caerán en insolvencia, y deberán ser intervenidas por la autoridad, siendo probable que los ya enfermos deban trasladarse a Fonasa. Aparecerán nuevas aseguradoras, con primas muy superiores a las de hoy, que recibirán a los sanos. Paradoja: el reclamo para que el subsistema no discrimine resultará en lo contrario: un seguro para quienes más tienen y enfrentan pocos riesgos de salud. Entretanto, muchos centros de salud que hoy se financian gracias al aporte privado, deberán reducirse o desaparecer.

En lo rescatable, es imprescindible avanzar en tres direcciones. El escandaloso mal uso de la licencia médica no resiste cambios superficiales. Es el momento de una nueva forma de gestión y administración, que traslade el manejo de este subsidio a la Suseso, con un fondo definido, de cargo fiscal. Incluso, considerando la baja probabilidad de una reforma previsional como la que se ha propuesto, destinar 1/6 de la nueva cotización pagada por empleadores a este fondo. Es mandatorio disminuir el derroche del gasto en salud, imponiendo mecanismos paquetizados de pago como forma de financiamiento, y evitar el pago por cada acción, como se hace hoy en las Isapres. En esto, Fonasa lleva la delantera, y un cambio legal mínimo facilitaría que fuera el mecanismo de pago de las Isapres. Por último, perfeccionar los mecanismos de gasto en medicamentos. La mitad del gasto de las personas en salud es por fármacos. Los seguros y Fonasa deben cubrir adecuadamente, incluso con gratuidad, solo aquellos con compatibilidad y eficacia demostrada, genéricos sin marca. Lo que se requiere es cumplir lo mandado por la Ley Cenabast y Fármacos I, y terminar el prolongado trámite de la ley de Fármacos II.

La suerte está echada, y la compleja tramitación que tuvo la iniciativa de mejorar la solidaridad en las Isapres en el marco de la Ley de Reajuste hace difícil pensar que en un Parlamento reflejo de una democracia polarizada, la preocupación por el partido de los enfermos logre acuerdos.

Por Jaime Mañalich, médico