Créditos con participación del Estado para financiar la educación superior existen en más de 70 países y buscan soslayar barreras financieras de acceso a la inversión en capital humano. Estos esquemas difieren los costos a un futuro de mayores ingresos esperados, dada la alta rentabilidad de la educación universitaria. En Chile, el CAE es complementario a la gratuidad y cuenta hoy con condiciones muy superiores a las originales: tasa de interés de UF+2% (fija y subsidiada por el Estado); periodo de gracia de 18 meses posterior al egreso o luego de 2 años consecutivos sin matrícula; cuota no superior al 10% del sueldo (subsidiada por el Estado); opción de pago anticipado; suspensión en situación de desempleo o estudios; plazo de pago variable según duración de la carrera, nivel de estudios y monto del crédito, siendo de 10-20 años para egresados y 5-10 años para desertores, después de lo cual se extingue la deuda.

A pesar de su éxito en permitir el acceso a la educación superior a más de 1,2 millones de estudiantes desde su creación en 2006 y contar hoy con condiciones más favorables que cualquier otro crédito en Chile, el CAE no cuenta con legitimidad social por su naturaleza subsidiaria y representar, para algunos, la mercantilización de la educación. Esta falta de legitimidad y su instrumentalización política han generado un fuerte aumento en la morosidad. Actualmente, hay 540 mil estudiantes en mora, con 3 o más cuotas impagas, correspondiente al 60% de aquellos en etapa de pago, lo que muestra un significativo incremento desde el 2019 donde alcanzó el 42,7%. La cantidad de garantías estatales ejecutadas también muestra una importante alza, alcanzando el 75,9% de aquellos que hoy están en mora y siendo el 36% de la cartera total del CAE, equivalente a más de 100 millones de UF, volviéndose financieramente insostenible para el fisco.

La condonación del CAE es inviable. Financieramente inviable dado su costo de 12 mil millones de dólares (4% de PIB), 1,5 veces la recaudación esperada del Pacto Fiscal propuesto por el gobierno de Boric. Políticamente inviable dada su regresividad y alto costo de oportunidad de utilizar dichos recursos en urgencias sociales más apremiantes. Así, la reforma al CAE debe ser una reorganización del sistema e incorporación de ciertos beneficios acotados a ciertos grupos desventajados, más que un “perdonazo” parcial o total de la deuda.

La solución y complejidad de esta reforma radica en generar un diseño funcional con 3 componentes: política financiera, institucionalidad y política social relacionada. Una política financiera que genere un crédito que respete el principio del beneficio, es decir, que los beneficiarios paguen su costo, y que evite la incorporación de un impuesto con fines específicos dada su inconstitucionalidad. Además, debe contar con un flujo de salida claro que serán los aranceles pagados, y un flujo de recuperación bien definido con cuotas mensuales a pagar que permita la creación de una tabla de desarrollo y la existencia de un activo financiero. Una institucionalidad eficiente en la asignación de créditos, administración y cobranza, y con una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio que la separe de la disputa política. Y una política social complementaria que no se entremezcle con la política financiera, con un conjunto de beneficios sociales para cubrir situaciones de incapacidad de pago y generar topes de pagos contingente a los ingresos laborales, que se financien vía ley de presupuesto y se enmarque dentro de la disciplina fiscal.

Por Miguel Lorca, economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP)