SEÑOR DIRECTOR

El Covid-19 está generando profundos efectos. Uno poco abordado son las copropiedades, particularmente de vivienda social.

Hace años he venido insistiendo en la escasa respuesta del Estado ante esta realidad. Carecemos de institucionalidad apropiada, como una Superintendencia y de programas estatales potentes -y no concursables-, para su mantenimiento.

En muchas naciones ya se empiezan a advertir las consecuencias de la pandemia en esta dimensión. Probablemente, el desempleo afectará el pago de gastos comunes y expensas. Ello genera deterioro de servicios y espacios y agudiza los conflictos en comunidades ya tensionadas por el miedo, como hemos visto en los lamentables -y muy injustos- actos de discriminación contra personal de la salud.

Entre las políticas para abordar la crisis debe considerarse las copropiedades, especialmente de vivienda social, tanto para apoyar su financiamiento y gestión, cuanto para considerar programas de reparación, que serán muy útiles para promover la reactivación. Lo anterior, sin descuidar la necesidad de fortalecer la institucionalidad y actualizar la ley de copropiedad inmobiliaria.

Carlos Montes

Senador PS