La suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles 15 de octubre por la inasistencia de 103 parlamentarios es inaceptable y escandalosa. Más aún si la sanción equivale apenas al 2% de la dieta, unos 146 mil pesos. Esta situación resulta insultante y solo profundiza el deterioro de las instituciones políticas, justo en plena campaña electoral.

Un diputado en Chile recibe una dieta mensual cercana a los 7 millones 300 mil pesos - sin contar asignaciones de funcionamiento-, equivalente a 13,7 sueldos mínimos. En Europa, el promedio es de 3,2 sueldos mínimos, y en países como Suecia, España o Grecia, el ingreso neto de sus parlamentarios es menor que el de los chilenos. Incluso las dietas de Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido superan apenas en un millón de pesos las de nuestros legisladores, siendo que en promedio el PIB de estos países es cuatro veces mayor al de Chile (10 veces en el caso del Reino Unido).

La distancia con el sueldo mínimo es abismal y genera un cuerpo de representantes con un estándar de vida muy distinto al de la mayoría de los ciudadanos, siendo que casi todos se declaran “cercanos a la gente”. Se les remunera como ministros, aunque sus responsabilidades y competencias son menores. No se justifica, y comparado con países más ricos, resulta desproporcionado para el nivel de ingresos de Chile. Este no es un mal exclusivo del país: en América Latina existe una tendencia a remuneraciones parlamentarias excesivas, lo que se condice con la mala imagen del Congreso ante la ciudadanía. No es un consuelo, sino un llamado de atención. Si no se corrige, un liderazgo autoritario podría encontrar terreno fértil para suprimir el Parlamento sin mayor oposición social.

Tres medidas son urgentes. Primero, retomar la discusión sobre el ajuste de las dietas parlamentarias, y convertirla en un tema central de la campaña, donde los candidatos se pronuncien y comprometan públicamente. Segundo, establecer sanciones efectivas para las inasistencias. No es razonable que faltar a una sesión donde se discuten y votan leyes “cueste” 146 mil pesos. La multa debe ser realmente disuasiva. Y tercero, imponer una rendición de cuentas obligatoria para los candidatos a la reelección: cada pieza gráfica —afiche, panfleto o paloma— debería dedicar al menos un tercio del espacio a informar su porcentaje de asistencia, proyectos presentados e indicaciones ingresadas.

Más del 70% de los diputados busca la reelección y poco se escucha sobre su compromiso con la mejora del trabajo legislativo. Es hora de corregir esta anomalía y revitalizar nuestro Congreso con representantes preparados, con una dieta razonable y, sobre todo, con una relación transparente y exigente frente a la ciudadanía. Solo así podremos avanzar, reconstruir la confianza pública y fortalecer una democracia que demanda responsabilidad y rendición de cuentas a sus representantes.