Consecuencias de normalizar la violencia

La semana pasada, un estudiante de la Universidad de Chile fue agredido por un grupo de encapuchados que se enfrentaba a Fuerzas Especiales en el campus Juan Gómez Millas. Según indicaron testigos, fue golpeado con puños, patadas y hebillas de cinturón, lo que le provocó graves lesiones. Semanas antes, otra estudiante ya había sido agredida en el mismo campus, aparentemente, en rechazo a su orientación política de centroderecha.

El rector de la universidad condenó los hechos y convocó una reunión con los representantes de los distintos estamentos de dicha sede, en la que se discutió de qué manera enfrentar estos graves acontecimientos, definiendo cambios en materia de seguridad al interior de la casa de estudios. Además, anunció investigaciones sumarias para la determinación de eventuales responsables, entrega de antecedentes al Ministerio Público y adherir a eventuales querellas que inicien los alumnos afectados.

Si bien es valorable que el rector de la universidad haya manifestado su intención de tomar cartas en el asunto, su reacción parece algo tardía a la luz del historial de vandalismo que ha rodeado a dicho campus, donde la presencia de encapuchados allí es recurrente. Prueba de ello es que durante el presente año se han contabilizado 11 enfrentamientos con carabineros, y quienes viven o circulan regularmente por el sector pueden dar fe de que este tipo de episodios ocurren desde hace varios años. Y no solo en esta universidad, sino también en otros planteles públicos e incluso en establecimientos escolares como el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos.

Esto parece ser la consecuencia previsible de la normalización de la violencia a la que el país se ha ido acostumbrando en el último tiempo y a la que, por cierto, han contribuido diversos rostros políticos que no han tenido el coraje de rechazarla de manera tajante, sin relativizar ni tratar de justificar actos que ciertamente son indefendibles. Los encapuchados, portando objetos incendiarios e instando a los desórdenes, no pueden tener cabida en los establecimientos educacionales del país; de lo contrario, no debería sorprender llegar a niveles como los que se han presenciado en las últimas semanas, en que el problema parece fuera de control.

Si las autoridades no son categóricas al respecto y continúan eludiendo el problema de fondo, difícilmente será posible superar el complejo momento por el que está pasando la educación estatal. Es momento de perder el temor a investigar, sancionar e impulsar de forma enérgica todas las medidas que permitan erradicar la violencia, permitiendo que los establecimientos educacionales públicos puedan desempeñar sus labores con normalidad y en un ambiente seguro. En este marco, es indispensable que el problema de la violencia sea también abordado desde las mismas familias y el cuerpo docente, de modo de transmitir a los más jóvenes que, aunque sea a menor escala, la violencia no puede naturalizarse y no debe tener cabida.