Hacia fines de enero la Contraloría emitió una importante resolución, publicada el sábado pasado en el Diario Oficial, mediante la cual redefinió buena parte de los actos administrativos que exigirán “toma de razón”, esto es, el control de su legalidad por parte de la entidad.

En particular la resolución refiere a normas, instrucciones, guías u orientaciones de aplicación general del Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Aguas, y los ministerios y sus respectivas seremis de Salud, Educación, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente. En otras palabras, el nudo gordiano de la permisología.

La medida llama la atención, pues sintoniza con el carácter de emergencia que quiere imprimir José Antonio Kast a su gobierno, el cual considera deshacerse de este nudo como una de sus acciones más urgentes, para dar agilidad a las inversiones y crecimiento a una economía debilitada.

En ese contexto, la resolución de la Contraloría pone en el centro de la atención pública a la contralora Dorothy Pérez, quien ahora tiene el llavero de las compuertas que abren y cierran la permisología, y -al mismo tiempo- la custodia final de los bienes jurídicos que los organismos mencionados deben defender.

Se puede ver como una buena noticia que la contralora haya tomado esta responsabilidad, pues puede interpretarse como un legítimo interés en observar los actos administrativos de un gobierno que, -tal vez- tenga un sesgo hacia el actuar de organismos que “traban” la inversión. Así, Contraloría podrá poner su lupa a modificaciones administrativas importantes y delicadas, de modo que éstas se apeguen estrictamente a la ley.

Pero, también hay quienes temen que la Contraloría se deje llevar por el sentido de emergencia, y termine transformándose en un órgano para-gubernamental. No está de más decirlo, algo que no solo no es su función, sino todo lo contrario. La función de control de esta entidad es incompatible con la coautoría y guía en la gestión económica gubernamental.

Incluso si aceptamos que un gobierno de emergencia requiere de medidas excepcionales, con mayor razón se hacen esenciales controles y contrapesos, los cuales están llamados a mantener el sistema como democrático, como está ocurriendo ahora con la Corte Suprema en Estados Unidos.

Así, mantener el celo y el leitmotiv de la Contraloría tiene más importancia que nunca, pues el momento histórico en que nos encontramos en Chile hace que otras instancias de contrapeso estén debilitadas o desdibujadas.

Es el caso de la Corte Suprema, hoy sin garras ni dientes, luego de diversos casos que han afectado a sus miembros y que han empañado su acción protectora. Así, la Corte abandonó su vigilante “activismo” y ha pasado a un excesivo “formalismo” en sus análisis de derechos fundamentales y control de legalidad.

También pasa con el Congreso, que se ha convertido en el receptáculo de la crisis de un sistema político agotado y desprestigiado, donde los mecanismos de control de la Cámara son un espectáculo y no una herramienta de fortalecimiento institucional.

En lo que lleva en el cargo, Pérez ha sabido mantener erguidas las columnas de Contraloría. Lo demostró con su celo en los casos de abusos de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, en las auditorías por el manejo de megaincendios y en el control del gasto público.

Es de esperar que siga en esa línea cuando La Moneda cambie de signo. De lo contrario podríamos entrar en una etapa de excesiva desregulación y un posible apagón estatal.

Por Cristóbal Osorio, profesor derecho constitucional, U. de Chile.