Como advirtió Tolstói en Guerra y Paz, “las decisiones que parecen menores en el escritorio de un burócrata suelen desatar tormentas en la vida de las personas”. Los fondos generacionales y la licitación de stock de la reforma de pensiones aprobada en enero representan bien esa frase tolstoiana. Ahora se agrega un asunto más a esta ruleta con el proyecto de ley del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que debe ser traspasado plenamente al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), con la reforma en plena operación. El proyecto fue aprobado en general en el Senado, y ahora se abrió un espacio para indicaciones hasta el martes 26 de agosto.

El SIS es una de las instituciones más relevantes, aunque menos comprendidas, del sistema previsional chileno. Su función, es otorgar protección frente a riesgos extremos como la invalidez total o parcial, y garantizar a las familias una pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento. Constituye una red de seguridad indispensable para millones de trabajadores. Ojalá uno no lo tenga que utilizar jamás, pero, si ese momento llega, es de esperar que decisiones burocráticas no hagan del proceso algo tolstoiano. El debate en el Congreso, en vez de mejorar el SIS, parece introducir más trabas burocráticas. Lo que se ha visto, hasta ahora, del Ejecutivo abre dudas sobre la sostenibilidad futura del seguro, su diseño institucional y la calidad del servicio a los afiliados.

El proyecto es pobre. Consta de un artículo único, lo que refleja el escaso interés en modificar de fondo el funcionamiento del SIS. El traspaso de funciones al FAPP y al Instituto de Previsión Social (IPS) es parcial y se limita a lo más sencillo de ejecutar, quizás porque el Gobierno sabe que el IPS carece de capacidades o porque el FAPP recién se arma y no puede asumir toda la carga desde el inicio. En los hechos, el corazón del proceso de invalidez —la labor de las Comisiones Médicas, intrínsecamente estatal— seguirá en manos de las AFP.

Lo que se ha configurado hasta ahora no es un traspaso pleno, sino un esquema híbrido que implicará más burocracia para afiliados que enfrentarán en su momento más débil: la invalidez parcial o total. Habrá trámites en el IPS, en el FAPP y en las AFP, cuando con una ventanilla única sería suficiente. Más aún, la ley obliga a traspasar desde 2027 las reservas acumuladas del SIS para abaratar primas futuras, sin considerar que esas reservas financian siniestros ya ocurridos pero no declarados. Esta disposición carece de sustento técnico, y puede ser inconstitucional, por afectar derechos adquiridos de manera retroactiva.

El panorama es inquietante si se considera que aún está pendiente la definición del régimen de inversiones, pieza crucial para el futuro de las pensiones. Bajo la supervisión de la misma Superintendencia que defendió con firmeza el diseño deficiente de la Ley SIS, se impulsa el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales bajo la promesa de simplicidad y protección al afiliado. Pero esta discusión ocurre justo cuando los multifondos han mostrado un desempeño sobresaliente: entre enero y julio de 2025, el Fondo A acumuló ganancias sobre el 9%, el Fondo C rindió entre 6,7% y 7,5%, y hasta el conservador Fondo E superó el 4,5%.

Estas rentabilidades no garantizan que se repitan en el futuro, pero sí muestran que el régimen de inversiones debe mantener suficiente flexibilidad para maximizar resultados. Los fondos generacionales estarán guiados por lineamientos de la Superintendencia, que en última instancia depende de las instrucciones políticas del Presidente y del Ministro del Trabajo. Si la decisión política es restringir al máximo el margen de acción de las AFP, ningún informe técnico servirá. De ahí la urgencia de blindar institucionalmente a la Superintendencia, transformándola en una comisión autónoma y técnica al estilo de la CMF, para protegerla de presiones políticas presentes y futuras.

Ni la Ley SIS, ni la definición del régimen de inversiones, son decisiones menores. De ellas dependerá la calidad de vida de los chilenos de hoy y de mañana. Por eso urge tomarlas con la seriedad que merecen y no dejar que la improvisación burocrática erosione la seguridad social que se dice querer fortalecer.

Por Gabriel Alemparte, abogado.