Durante los últimos años, y especialmente tras el fin del confinamiento, los conflictos al interior de las comunidades educativas han aumentado de manera significativa. Un dato lo ilustra con claridad: las denuncias ante la Superintendencia de Educación por conflictos entre adultos (particularmente entre docentes y apoderados) crecieron en un 341% entre 2019 y 2025, pasando de 134 a 591 casos. Algo se quebró en la convivencia escolar en Chile, y no estamos mirando del todo bien dónde ocurre.

Este aumento no solo es preocupante, sino también revelador. Durante mucho tiempo, la discusión sobre la violencia escolar ha tendido a centrarse en los estudiantes y en lo que ocurre dentro del aula. Sin embargo, los datos muestran que el problema es más amplio y que involucra de manera directa las relaciones entre adultos. La convivencia escolar no se limita a lo que sucede entre alumnos: se construye —o se deteriora— también a partir del tipo de relación que se construye entre familias y escuelas.

Para comprender este fenómeno, resulta clave atender a las explicaciones que los propios actores construyen sobre lo que está ocurriendo. Profesores, apoderados, estudiantes y equipos directivos no solo viven el conflicto, sino que también le dan sentido desde sus propias experiencias. En ese proceso, emergen con fuerza lo que podríamos llamar “atribuciones cruzadas”: mientras las familias perciben que se les exige más de lo que pueden dar en contextos de alta carga laboral y escaso apoyo, los docentes sienten que deben responder a demandas que exceden su rol pedagógico y para las cuales muchas veces no cuentan con tiempo ni herramientas suficientes. Estas explicaciones se han podido reconstruir a partir del proyecto Fondecyt Regular N° 1250042, de “Convivencia escolar”, que junto a diferentes académicos de las universidades de La Serena, Gabriela Mistral, Playa Ancha y de Málaga, España, estamos llevando a cabo. Como hemos podido observar, estas tensiones no ocurren porque sí. Se insertan en una sociedad donde las jornadas laborales son extensas, los tiempos de desplazamiento son altos y los niños pasan cada vez más tiempo solos. A ello se suma un contexto social donde la confrontación parece imponerse por sobre la colaboración. En ese contexto, la escuela no es un espacio aislado y cerrado sobre sí misma, se ve atravesada —y a la vez puede amplificar— por dinámicas sociales más amplias que cuentan con poco o ningún soporte social para ser contenidas.

Las políticas públicas han intentado abordar la violencia escolar, pero lo han hecho, en general, desde una lógica centrada en el interior de los establecimientos y con un énfasis importante en lo sancionatorio y control social. Menos atención se ha puesto en fortalecer las relaciones interestamentales, en particular, entre familias y escuelas como un componente esencial de una convivencia educativo-formativa. De hecho, la participación de los padres y la convivencia escolar han seguido trayectorias paralelas, sin una integración clara desde las propias políticas educativas.

Si queremos avanzar, es necesario cambiar el enfoque. La convivencia escolar no puede seguir entendiéndose sólo como un problema disciplinario, sino como un fenómeno social, relacional y multisistémico. Implica disponerse, actuar y modelar una ética socio-institucional de buen trato, reconocimiento y respeto a la diferencia, dialogante, deliberativa y participativa en materia de resolución colaborativa de las diferencias como valor institucional en sí mismo. Esto implica concebir la escuela como un espacio comunitario capaz de generar espacios reales de diálogo entre los distintos actores, fortalecer sus capacidades institucionales para la prevención y reconocer que la responsabilidad es compartida.

Recuperar la convivencia educativa supone, en última instancia, volver a preguntarnos por el sentido de la escuela. No solo como un lugar donde se transmiten contenidos y conocimientos, sino como una comunidad donde se aprende a convivir y a entenderse. Y eso, hoy más que nunca, requiere reconstruir los vínculos que la sostienen.

Por Verónica Gubbins, investigadora Facultad de Educación y Ciencias SocialesU. Finis Terrae