La Contraloría General de la República, como resultado de su labor de control, nuevamente ha levantado una importante alerta en relación a los funcionarios públicos y municipales. Si antes lo fue respecto de aquellos que habían viajado al extranjero o habían asistido a casinos de juego estando con licencia médica (25.000 y 13.000 respectivamente), ahora el cruce de información -como lo señala el Vigésimo Consolidado de Información Circularizada del reciente 23 de marzo - pone en evidencia a aquellos funcionarios que han burlado la prohibición de efectuar “por sí o por interpósita persona, bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar desarrollados en los casinos de juegos”. Una restricción que afecta a quienes, en razón de sus cargos, tengan la administración y custodia de fondos públicos, como lo señala la ley 19.997, que fija las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos.

Lo preocupante de las transacciones efectuadas entre enero de 2024 y junio de 2025, más allá de la vulneración a la norma, es que una vez más no se está hablando de casos aislados, donde se infringió la prohibición legal. Son 910 personas que apostaron más de $11.490 millones en estos recintos, de los cuales 181 concentran el 96,8% de los montos apostados -los que no guardan relación alguna con sus niveles de remuneraciones-, 20 concentran $5.392 millones y un funcionario de la Fach destaca por haber jugado $ 1.040 millones.

El tenor de la ley es claro, y las razones de que se haya consagrado la referida prohibición en ella son evidentes: el cuidado de los recursos públicos requiere, entre otras, una garantía especial, la de evitar o cerrar los espacios para que quienes tienen esa responsabilidad se expongan en ciertos entornos a no hacerlo. Por eso llama la atención la liviandad con que se omite la observancia de la norma, lo que permite dudar del estándar en otros ejercicios asociados a sus cargos y responsabilidades que será necesario evaluar. Pero el problema va más allá. Por los montos puestos en juego por quienes concentran la mayor cantidad, según el informe, pareciera no haber dudas de que en los casos en cuestión no se trataría solo de infracciones administrativas, sino de la posibilidad de que se haya cometido algún tipo de delito.

Por ello es fundamental la labor que está haciendo la Contraloría con las facultades y herramientas que le otorga la ley, de realizar cruces permanentes de información entre los registros existentes, no solo para detectar las infracciones, sino también para operar como señal disuasiva. Ojalá esto último no fuera necesario, pero por lo conocido desde el año pasado con las licencias médicas, se hace indispensable, como asimismo lo es el mejoramiento permanente de los controles internos de las distintas instituciones y empresas del Estado como también de las municipalidades.

Los antecedentes respecto de quienes concentran las sumas más abultadas están en manos del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Ellos deberán dilucidar si hay méritos para una persecución penal. Pero también están las 371 instituciones que fueron oficiadas para disponer de los sumarios pertinentes por las infracciones administrativas, quienes deberán despejar cualquier duda sobre el comportamiento funcionario de los sumariados, y aplicar las medidas correspondientes que pueden llegar a la destitución.