Chile y las Naciones Unidas comparten una historia común de construcción de Estado, de fortalecimiento institucional y, sobre todo, de mejora en la vida de las personas.

Desde sus orígenes, hace más de 80 años, como país fundador de Naciones Unidas, Chile ha sido un actor activo del multilateralismo. A lo largo de estas décadas, esta relación se ha expresado en momentos clave del desarrollo del país: en la consolidación de derechos laborales, en la construcción de sistemas de salud, en la expansión de políticas sociales y en el fortalecimiento de la democracia. Siempre desde un principio central: el respeto irrestricto a la soberanía nacional y el alineamiento con las prioridades del país.

Hoy, en un contexto global marcado por la incertidumbre, esta alianza cobra aún más relevancia. Porque el valor del multilateralismo no está en el discurso, sino en su capacidad de articular soluciones concretas frente a desafíos complejos.

La semana pasada presentamos nuestro el Informe de Resultados 2025 que da cuenta de ello. Durante este período, el sistema acompañó más de 40 políticas públicas y desarrolló más de 400 actividades en todo el país. Estas cifras no son un fin en sí mismas: reflejan una forma de trabajo centrada en fortalecer capacidades del Estado servir de plataforma de diálogo, generar evidencia y traducir decisiones en impacto real.

Ese enfoque se resume en una idea clave: de los datos a la acción.

En un mundo donde las decisiones públicas deben responder a contextos cada vez más dinámicos, el uso de evidencia se vuelve indispensable. El apoyo técnico a instrumentos como el Censo de Población y Vivienda o la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo no es solo un ejercicio estadístico. Es la base para diseñar políticas que respondan mejor a las necesidades de las personas.

Pero los datos por sí solos no transforman realidades. Lo hacen cuando se traducen en políticas públicas que funcionan.

Un ejemplo de ello es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados y avanzar hacia una sociedad más equitativa. Otro es la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez, que fortalece la capacidad del Estado para proteger de manera preventiva y oportuna a niños, niñas y adolescentes.

La misma lógica se expresa en los territorios apostando a grandes transiciones en los temas digitales, energéticos, de cambio climático o transformación agroalimentaria. Iniciativas como Comunidades Conectadas están llevando tecnología y conectividad a zonas rurales, transformando el acceso a servicios, información, salud y oportunidades. O el programa + Bosques, que no solo restaura ecosistemas, sino que fortalece medios de vida y permite a comunidades proyectar su futuro en sus propios territorios.

Estos avances tienen algo en común: son el resultado de un trabajo conjunto entre el Estado y el Sistema de las Naciones Unidas, basado en evidencia, colaboración y visión de largo plazo.

Seguimos trabajando para poder preparar un nuevo Marco que refleje y ajuste la oferta de la ONU a las prioridades del país Este es un proceso que se nutre de datos, pero también de la escucha activa de diversos actores de la sociedad.

Porque si algo nos ha enseñado esta historia compartida es que el desarrollo no se logra de manera aislada. Se construye fortaleciendo instituciones, articulando voluntades y poniendo siempre a las personas en el centro.

Y cuando eso ocurre, el desarrollo deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad concreta en la vida de las personas.

María José Torres

Coordinadora Residente ONU Chile