Nos encontramos en la antesala de las tratativas que sostendrá la delegación gubernamental –compuesta por la Cancillería (SUBREI) y el Ministerio de Hacienda– que viajará a Washington DC entre el 14 y 17 de este mes, para retomar las negociaciones comerciales-arancelarias con el U.S. Trade Representative (USTR), enfriadas durante los últimos meses del gobierno anterior, con el objeto de alcanzar un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés).

Recordemos que esto se enmarca en los aranceles universales, con un 10% como umbral mínimo, impuestos por el Presidente Donald Trump en el Liberation Day (2 de abril de 2025), que permanecen pese al fallo de la Corte Suprema Federal de EE.UU. de febrero pasado. La sentencia anuló una de las tantas fuentes legales con que cuenta la Casa Blanca para aplicar tarifas (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA), pero no se refirió a otras (secciones 122 o 301 del Ley de Comercio de 1974, sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, etc.).

Aunque ciertas exportaciones chilenas importantes, como cátodos de cobre y otros minerales críticos están exentas –por ahora– de aranceles, la generalidad de los envíos igualmente relevantes como los forestales y los de agroindustria (frutas, salmones, carnes, vinos) están sujeto a gravámenes. El gobierno tiene, entonces, el desafío de recuperar, al máximo posible, el acceso liberalizado al mercado estadounidense para esos y otros productos, tal como dispone el TLC bilateral firmado en 2003. A cambio, EE.UU. pide –y este es el meollo de su estrategia tarifaria– una serie de compromisos regulatorios, algunos apalancados en dicho acuerdo comercial y otros no.

El desafío también es, sin duda, conseguir un balance entre ambas pretensiones, pero no son los únicos. Se deben respetar los compromisos u obligaciones contraídas por Chile en otros tratados o instancias internacionales, vale la pena considerar el momento político de EE.UU., es importante mantener el equilibrio con otros socios comerciales y encontrar soluciones que no socaven nuestra posición global en el largo plazo. Se trata, en definitiva, de resguardar los más altos intereses del país, considerando el énfasis en la conducción de las relaciones exteriores, incluyendo por cierto su variante comercial, como una política de Estado, especialmente si es razonable prever que un potencial ART deba pasar por el Congreso.

Son estas y otras consideraciones por las que el sector empresarial, agrupado en entidades como Sofofa, ha abogado en su estrategia con EE.UU., en línea con la importancia de un acuerdo exitoso para el país y beneficioso para el sector productivo chileno (fuente a este lado del comercio e inversiones reciprocas), como clarificó el propio gobierno en recientes declaraciones.

Por Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa