El incidente del carabinero que disparó a un chofer de Uber despertó debate. Sin embargo, en éste no se ha mencionado que el reclamo de fondo del conductor era legítimo, pues el sistema conculca su derecho a "uberear". No pretendo avalar que resistiera por la fuerza a un control policial -no es aceptable-, sino que llamar la atención sobre un aspecto sin el cual el debate no está completo.

Sucede que la Constitución garantiza a todas las personas "el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen". Estas últimas no pueden ser tales que limiten arbitrariamente la libertad de emprender. Así, la ley puede establecer limitaciones objetivas al ingreso a una actividad por motivos justificados, como sería en este caso minimizar la congestión o la contaminación, o para garantizar estándares de seguridad. Pero ello tiene que hacerse permitiendo la libre entrada y si resulta indispensable limitar el número de permisos (discutible), que todos aquellos que cumplan con los requisitos puedan competir en igualdad de condiciones por los cupos existentes.

Pues bien, no es eso lo que se hizo. Hace unos 20 años se aprobó una ley que cerró el registro de taxis, impidiendo la entrada de nuevos emprendedores al sector, con lo que se protegió el negocio de los que en ese momento estaban en él -una prebenda- y restringió la competencia. Ello, como era previsible y se advirtió a los legisladores, provocó una escasez de taxis y mala calidad de servicio. Además, produjo un mercado secundario de "licencias" para taxis, que agregó una renta ilegítima a los poseedores de éstos.

Por lo mismo, dichas leyes y las regulaciones que se dictaron después, son inconstitucionales. Y este es el origen del problema.

Como el mercado (o sea, la realidad) es más fuerte, ante la demanda insatisfecha surgieron plataformas digitales que se encargan que el servicio llegue oportunamente a los usuarios. Y tras de ellas figuran vehículos que no les queda otra cosa que operar informalmente por el cierre del registro, pero que tienen el derecho constitucional a hacerlo. Pero no sólo eso, sino que, como le dijo el ministro de Transportes del gobierno anterior a un dirigente taxista que lo increpaba por no proteger su prebenda, "la gente prefiere Uber". Porque en todo esto, no sólo se afectó el derecho de emprender, sino que también a los consumidores. Y eso que los parlamentarios proclaman estar para defenderlos, pero parece que en esto estaban más preocupados de asegurar los votos de un grupo de presión.

Ya es hora que se acaben las restricciones a las plataformas digitales que proveen servicios de transporte que los consumidores demandan. Carabineros tiene suficientes problemas como para andar fiscalizando regulaciones injustas. Y ante las injusticias, la gente a veces se descontrola.