En El Castillo, Franz Kafka cuenta la historia de K., un agrimensor que llega a un pueblo porque supuestamente ha sido contratado para prestar sus servicios. Sin embargo, apenas arriba nota que nada es lo que parece. Por de pronto, los vecinos se muestran hostiles. Los ayudantes que le asignan no los ha solicitado. Y, para peor, nadie da muestras de requerir sus servicios. Desde ese momento comienza una lucha infructuosa por conseguir algo aparentemente sencillo: acceder al Castillo, identificar a la autoridad que lo contrató y lograr que alguien resuelva el enredo de su situación. Pero cada intento conduce a un nuevo funcionario, una nueva explicación, un nuevo procedimiento.

Lo inquietante es que no hay un villano. Nadie parece actuar de mala fe. Hay expedientes, jerarquías y trámites que, considerados individualmente, pueden tener justificación. El absurdo se manifiesta al contemplarlos en su totalidad. La burocracia, creada para reemplazar la arbitrariedad por reglas y procedimientos, termina generando una nueva forma de arbitrariedad: la de reglas que se han independizado del propósito para el cual fueron creadas.

Algo de ese mundo kafkiano se ha ido instalando en Chile.

Durante las últimas tres décadas hemos construido una formidable arquitectura de controles, permisos y regulaciones. El SEA, el SII, el CMN, la DGA, el SAG y decenas de servicios públicos han ido estableciendo exigencias que, consideradas por separado, pueden tener una explicación razonable. Proteger el medioambiente, combatir la evasión tributaria, resguardar el patrimonio, cuidar los recursos hídricos o asegurar estándares fitosanitarios son objetivos valiosos.

El problema es la suma. Nadie diseñó el laberinto. Cada generación simplemente agregó un nuevo pasillo, hasta volverlo en muchas ocasiones infranqueable.

Quien haya intentado desarrollar un proyecto de cualquier escala (¡cómo olvidar a Los Tatas del Pan!) entiende de lo que hablamos: observaciones que abren nuevas observaciones; trámites que derivan en un sinfín de solicitudes; organismos que se contradicen o que imponen exigencias fuera de toda proporción. Más que un problema de voluntad, es un asunto de incentivos: para un funcionario, aprobar algo que posteriormente le genere un problema puede tener costos importantes. Pero pedir nuevos antecedentes, casi ninguno.

Es cosa de mirar los expedientes de los Estudios de Impacto Ambiental. Minera El Abra, el mayor proyecto en evaluación, pidió suspender el proceso hasta mayo de 2027 para poder responder las 1.894 observaciones emitidas por organismos públicos y las 738 presentadas por la ciudadanía. Lo más insólito es que la misma autoridad que lo inundó de cuestionamientos rechazó el plazo solicitado para responderlas, ya que dicha solicitud “excede el tiempo que razonablemente se estima necesario para abordar las actividades señaladas por la compañía”.

Esta semana, en el Chile Day de Madrid, el ministro Jorge Quiroz puso la inversión y la reducción de la permisología en el centro de la agenda para recuperar el crecimiento, que lleva más de una década estancado. El diagnóstico es correcto. Pero el problema es mucho más profundo que simplificar algunos permisos. Probablemente haya ámbitos en que sea necesario pensar las reglas desde cero, ya que hemos construido un entramado regulatorio que a estas alturas nadie dirige ni gobierna. Y ahí es donde se hace realidad la pesadilla kafkiana, que termina ahogando la creatividad y la inventiva humana.

Kafka murió sin terminar El Castillo. K., su protagonista, nunca logró llegar hasta él. Cien años después, la advertencia resuena más que nunca: cuando las reglas dejan de servir a su propósito, el procedimiento termina gobernando a las personas. Y el riesgo es que, atrapados en el laberinto que nosotros mismos construimos, tampoco logremos alcanzar el Castillo.

Por Gonzalo Blumel, Horizontal.