Hace cuatro años el gobierno que entregará el poder en marzo se preparaba para llegar a La Moneda tras una campaña en la que el entonces candidato Gabriel Boric había prometido situar a la cultura en el centro de su gestión. La ministra anunciada para encabezar la cartera, la antropóloga Julieta Brodsky, asumiría tras ejercer como investigadora en gestión cultural, en cuyo rol había criticado duramente el desempeño de la administración que dejaba el poder. Brodsky prometía un nuevo enfoque sobre el área, pero su gestión estuvo marcada por los conflictos internos dentro del gabinete; declaraciones sobre la relativización de los derechos de autor que alarmaron al gremio de los actores y la obligaron a desdecirse; crisis en el fondo del libro por el nombramiento de una jefatura tempranamente acusada de malos tratos, y un envío local a la Feria del Libro de Buenos Aires con un diseño inconsistente, fraguado a última hora, cuya repercusión fue mínima o derechamente inexistente.

Un año después de haber asumido, la ministra Brodsky dejó el gabinete y fue reemplazada por Jaime de Aguirre, conocido por su trayectoria en el ámbito de la producción audiovisual. Bajo su gestión fue que se conoció que el ministerio había descartado participar en la Feria del Libro de Frankfurt -la más grande del rubro y una plataforma para la industria editorial- sencillamente porque hacerlo involucraba muchos recursos que hacían falta en otros temas, según explicó De Aguirre en una entrevista al diario El País. En esa entrevista usó el argumento que suelen dar las posiciones de ultraderecha para recortar el presupuesto en ámbitos incómodos: hay otras urgencias. Que el ministro de un gobierno de izquierda ofreciera esas razones desnudaba una desorientación política mayor. De Aguirre finalmente dejaría el gabinete tras el fracaso en la organización de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que de tan extraviada, acabó transformándose en una excusa para cuestionar la figura del expresidente Salvador Allende, dividiendo al oficialismo y permitiendo que la oposición más dura reflotara el pinochetismo de un modo inconcebible hasta hacía muy poco tiempo. La actriz Carolina Arredondo, la tercera ministra de Cultura, debió encargarse de negociar con la feria de Frankfurt una nueva fecha para no perder la oportunidad de ser país invitado, gestionar las crisis financieras y de gobernanza del GAM y del Centro Cultural de Valparaíso, además de enfrentar un ambiente de desánimo generalizado en el área. En lo que restaba del período no hubo mayores avances legislativos, el programa de Puntos de Cultura, presentado como la gran innovación, no prosperó, y promesas como el relanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Santiago, que implicaba reunir todos los gremios del sector y llegar a un acuerdo, simplemente no se cumplieron. Tampoco es claro que se vayan a retomar las obras de la gran sala del GAM, paralizadas desde 2018, como lo había anunciado el Presidente Boric durante la cuenta pública de 2024.

Es curioso que haya sido la puesta en marcha del Pase Cultural el último intento del gobierno por dejar una huella perdurable en un ámbito en donde, pese a contar con un respaldo casi unánime en el sector, tuvo un desempeño menos que mediocre. Llama la atención básicamente porque se trata de una herramienta originalmente impulsada en Chile por el expresidente Piñera, que no llegó a ejecutarse antes por la complejidad que involucraba ponerla en marcha para determinar su impacto y minimizar la posibilidad de fraudes. La idea de ofrecer un voucher individual o transferencia directa de dinero a un grupo específico -jóvenes de determinada edad- para ocuparlo en servicios o productos relacionados con la cultura fue primero ensayada en Italia y luego en Francia, España y Alemania. En Francia, el “pass culture” fue una promesa de campaña de Emmanuel Macron, liberal de centroderecha, puesta en marcha en 2021 tomando en cuenta la experiencia italiana. Según un informe difundido hace un mes por la Association for Cultural Economics International, el impacto del voucher en Italia entre los jóvenes beneficiados ha significado un incremento en la asistencia al cine de ese segmento del 5,6 por ciento, a los conciertos de música clásica de un 4,1 por ciento y en la compra de libros de un 4,2 por ciento, con una respuesta más significativa entre los jóvenes de menores ingresos.

El número y monto de los fraudes al Pase Cultural chileno detectados por la prensa a partir de cuentas TikTok, que provocó la reacción de la oposición, aún no se ha determinado, pero era un fenómeno a considerar: en Europa también hubo casos de mal uso de la transferencia, de hecho, en Francia la experiencia italiana sirvió para aprender a evitarlos. Con todo, los engaños al sistema no son lo realmente llamativo del caso chileno, sino el bajo número de personas que usó el pase. Durante los tres primeros meses de funcionamiento del beneficio -consistente en una transferencia directa de 50 mil pesos, por una única vez para quienes cumplieran 18 años durante 2025 y pertenecieran al 40 por ciento de hogares más vulnerables y para quienes cumplieran 65 años y fueran beneficiarios de la PGU- solo un 17,4 por ciento del total de usuarios potenciales activó su pase y recibió el dinero.

Pese a lo prometido, durante los últimos cuatro años la cultura no estuvo en el centro de las preocupaciones del gobierno en curso. Las voces que alertaron desde la misma izquierda la confusa e infértil gestión fueron consistentemente ignoradas y atacadas desde un oficialismo indolente. El epílogo de este período ha sido un gobierno que como último salvavidas ofreció un voucher como legado, es decir, echó mano a una estrategia de un ideario político ajeno, y para colmo de males lo hizo de un modo tan apresurado que acabó jugándole en contra, arruinando la última esperanza de un cierre mínimamente digno.