Por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer

A días del inicio de un año escolar incierto para 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA), y en medio de un proceso de vacunación contra el Covid-19 que nos ha devuelto la esperanza, enfrentamos una emergencia educativa de gran envergadura que demanda menos política y mayor diálogo. Hoy solo caben acuerdos amplios sobre cómo implementar una vuelta a clases presencial y/o híbrida que brinde confianza a las familias y a las y los profesionales del sistema, y equipare las oportunidades para el estudiantado.

Es claro. No podemos sortear otro año sin un proceso de aprendizaje regular. La extendida interrupción de los servicios educativos presenciales y de otras actividades esenciales, aun cuando fue concebida como medida de protección a la salud, ha puesto en jaque derechos fundamentales, como el de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, e incrementado el riesgo de exclusión escolar, principalmente entre los y las jóvenes expuestos a mayor vulnerabilidad.

No solo importa que uno de cada 20 estudiantes experimentó algún tipo de interrupción o cambio en su experiencia educativa formal en 2020 (CIAE, U. de Chile); también que, en el peor escenario, 81.099 NNA entre 6° Básico y 4°Medio podrían haberse desvinculado del sistema educativo, sumándose a los 289.115 registrados en 2019 (Mineduc). Estos indicadores encienden las alarmas. El abandono del sistema, que se funda en factores individuales, familiares, escolares y sociales, provoca bajos niveles de educación que acrecientan las dificultades de acceso al mercado laboral y el vivir situaciones de pobreza y exclusión social (Eurostat, 2020). Debemos hacernos cargo.

Los roles tradicionales de género están presentes en los factores que gatillan la exclusión escolar: trabajo infantil y adolescente remunerado, en el caso de los hombres; la maternidad adolescente y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres. Casi la cuarta parte de las niñas de 12 años y más ha sido madre adolescente (Casen, 2017) y se espera que esta cifra aumente con la pandemia, por el incremento de la violencia de género.

¿Cómo avanzamos? Primero, con una estrategia de gestión de emergencias y recuperación con perspectiva de género. Segundo, garantizando el derecho a la educación de calidad y no sexista para NNA, la detección y prevención oportuna de riesgos de exclusión con un enfoque amplio, y estableciendo de una vez por todas la protección integral de los derechos de la niñez.

Fortalecer el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados y poner en marcha un plan nacional de prevención y protección del embarazo adolescente también resulta clave. Por cierto, apostar por la educación para la igualdad de género y la corresponsabilidad desde la primera infancia ayudará, sin lugar a dudas, a que cuando tengamos que afrontar otras crisis en el futuro, estas no golpeen tan profundamente a NNA, avanzando hacia una sociedad igualitaria y sostenible. ¡Máxima prioridad en la educación! No hay tiempo que perder.