La guerra se ha vuelto, otra vez, un paisaje habitual. Nuestra primera preocupación es, sin duda, la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, hay otro ángulo que no podemos ignorar: el impacto de la guerra en el cambio climático. Esto no es una reflexión woke. Es un problema existencial, porque compromete nuestra supervivencia en el planeta. En simple: la guerra, que destruye ecosistemas y biodiversidad, no solo mata en el presente; también pone en riesgo el futuro de la humanidad.

Para aterrizarlo, veamos un ejemplo. En los primeros 120 días de la guerra en Gaza se estimaron emisiones cercanas a las 650.000 toneladas de CO₂. De ese total, el combustible de aviones de combate generó más de 157.000 toneladas; a su vez, otras 159.000 provinieron de vuelos militares de transporte. A ello se suman misiles, explosiones e incendios. Todo, en apenas 120 días. Y la guerra ya se acerca a los 900.

Dicho eso, el daño al sistema climático no se limita a esas emisiones. También se expresa en la devastación de bosques y tierras agrícolas, con la consiguiente destrucción de ecosistemas y biodiversidad. En Gaza, cerca del 60% de las tierras de cultivo ha sido dañado o destruido, incluyendo la mitad de sus árboles y huertos. Cada hectárea perdida no es solo un problema humanitario o económico: acelera la desertificación y elimina sumideros de carbono, reduciendo la capacidad del planeta para absorber emisiones. Pero el problema no se agota en la guerra. Incluso en ausencia de combates activos, la maquinaria militar no se detiene: ejercicios, transporte, infraestructura, producción y prueba de armamento. En conjunto, todo ello genera emisiones de gases de efecto invernadero a gran escala.

Y, cuando cesan las hostilidades, empieza otra fase igualmente intensiva en emisiones de CO₂: la reconstrucción. Levantar ciudades desde los escombros exige un gasto energético colosal, que puede generar más emisiones que la propia guerra. En el caso de Gaza, se estima que las emisiones superarán los 52 millones de toneladas de CO₂: equivalente a emisiones anuales de un centenar de países pequeños.

La pregunta es: ¿qué hacer?

En primer lugar, tomar en serio las obligaciones de los Estados bajo el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que prohíbe utilizar métodos de guerra que causen daños extensos, duraderos y severos al medio ambiente. En segundo, contabilizar las emisiones generadas en conflictos armados en los inventarios nacionales. Los Estados han asumido obligaciones vinculantes para proteger el sistema climático —principalmente mediante la reducción de emisiones—. Sin embargo, las derivadas de conflictos armados siguen, en la práctica, fuera del radar. Por eso, las emisiones militares deben reportarse.

Sería ingenuo pensar que las guerras terminarán por su impacto en el sistema climático, cuando ni siquiera el sufrimiento humano ha logrado detenerlas. Pero sí es razonable exigir que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales, prohibiendo ciertos métodos de guerra que causen daños ambientales extensos y transparentando todas las emisiones que generan. No es tanto pedir.

Por Benjamín Salas, abogado y colaborador asociado de Horizontal