Dirigida por Ron Howard, la película Apolo 13 narra la misión espacial de la NASA que, tras una explosión en pleno vuelo, deja a su tripulación en una situación crítica y con recursos extremadamente limitados. Ante la imposibilidad de seguir el plan original, tanto los astronautas como el equipo en tierra deben improvisar soluciones técnicas bajo presión para lograr lo esencial: sobrevivir y regresar a salvo, gestionando restricciones severas con precisión e ingenio.

El estado de las finanzas públicas se parece a una misión como Apolo 13: un sistema con restricciones severas, márgenes acotados y la necesidad de tomar decisiones técnicas incómodas bajo presión. El problema no es la inexistencia de soluciones, sino la dificultad de implementarlas.

Desde el pasado debate presidencial, se instaló con fuerza el concepto de “gasto rígido”, como el comprometido por leyes permanentes. La cifra ha sido repetida con insistencia: una alta proporción del gasto (92%) no podría modificarse en el corto plazo. La conclusión implícita es tentadora: si casi todo está amarrado, entonces el margen de acción es mínimo y las expectativas de ajuste deben moderarse.

Que un gasto esté determinado por ley no lo vuelve intocable; simplemente eleva el costo político, tiempo y esfuerzo necesario para hacerlo.

Los datos muestran que, si bien una fracción relevante del gasto público está comprometida por disposiciones legales (73% en 2026), existe una clara heterogeneidad entre ministerios. Más aún, incluso dentro del llamado “gasto rígido”, sin duda hay espacio para rediseños, focalización y mejoras de eficiencia. Hay que atreverse a modificar marcos legales que perpetúan asignaciones poco justificadas: el problema, entonces, no es la ausencia de grados de libertad, sino la disposición a utilizarlos.

Paradójicamente, cuando se requiere contener el gasto, el ajuste suele concentrarse en los componentes más flexibles, particularmente la inversión pública. Es comprensible: es rápido, simple y políticamente menos costoso. También es una estrategia miope: la inversión pública es uno de los principales determinantes del crecimiento de largo plazo y reducirla para “cuadrar las cuentas” equivale a mejorar el balance de hoy a costa de la capacidad productiva de mañana. No es una decisión neutral, sino una elección que rara vez se explicita.

Si el objetivo es una consolidación fiscal que trascienda el actual gobierno, el énfasis no puede estar solo en cuánto se recorta, sino en cómo se recorta. Ello exige evaluar programas, eliminar duplicidades y, cuando corresponda, modificar leyes. No es un proceso rápido ni cómodo, pero es difícil imaginar una alternativa creíble. Los ajustes basados en ingresos extraordinarios o recortes puntuales tienden, por definición, a revertirse. La credibilidad fiscal, en cambio, se construye sobre decisiones persistentes, incluso cuando resultan incómodas.

Porque, al final, el gasto público puede ser rígido, lo que no debiera serlo, es la forma en que decidimos enfrentarlo.

Por Macarena García, economista senior LyD