Cuando Ícaro y Dédalo lograron escapar de Creta utilizando alas unidas por cera, el padre advirtió al hijo que no volara demasiado alto ni se acercara mucho al mar. Sin embargo, llevado por el entusiasmo, se elevó tanto que sus alas se derritieron. Alejarse de lo prudente, del justo medio, tuvo consecuencias fatales. En políticas públicas es fácil caer en el mismo error que Ícaro: por querer llegar más alto muchas veces se deja atrás la prudencia, en este caso, atender a la evidencia o a la falta de ella para decidir cuál camino seguir.

Un buen ejemplo es la actual discusión legislativa sobre profundizar la Ley de Etiquetados de Alimentos añadiendo un nuevo sello para productos “ultraprocesados”. La intención es comprensible: Chile se encuentra en medio de una grave crisis de obesidad y tomar medidas es urgente. Ahora bien, precisamente por la urgencia del problema es indispensable que las decisiones regulatorias se adopten con prudencia y sobre la base de evidencia sólida.

Tras casi una década de implementación de la Ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, la evidencia muestra que el sistema de sellos de advertencia “ALTO EN” ha tenido efectos dispares. Ha sido positiva en cuanto a facilitar la comprensión de la información nutricional de los alimentos, ha influido en las decisiones de compra de los consumidores y ha incentivado la reformulación de productos para reducir los nutrientes críticos. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario no existe evidencia concluyente de que los sellos hayan contribuido a reducir la prevalencia de obesidad o mejorar otros indicadores de salud; es más, Chile sigue ubicándose entre los países con mayores tasas de obesidad de la OCDE y se proyecta que ésta seguirá aumentando.

Esto no significa que la política haya sido inútil, pero sí que tiene límites y que debe ser complementada con otro tipo de medidas para lograr el objetivo de mejorar la salud de la población. El caso del proyecto de ley que busca incluir un sello para alimentos “ultraprocesados” es cuestionable porque puede terminar desincentivando el consumo de productos que fueron reformulados justamente para mejorar su perfil nutricional. Además, busca regular una categoría que sigue siendo objeto de debate, el umbral que propone de cinco componentes provenientes de procesos industriales parece arbitrario y más información puede diluir el mensaje a los consumidores.

De este modo, la discusión no es sobre si hay que abordar el problema de la obesidad, sino cuán efectivas son las medidas que se proponen para hacerlo. En políticas públicas, tal como en el mito de Ícaro y Dédalo, volar más alto no siempre es lo más adecuado. Por ello antes que regular más, se debe analizar la evidencia, evaluar políticas alternativas y sopesar los costos y beneficios de las mismas.

Por Trinidad Schleyer, Libertad y Desarrollo