Inacción frente a toma de central Pangue

Es preocupante que frente a un quebrantamiento del estado de derecho -que además puede llegar a comprometer el normal abastecimiento de energía- la autoridad se resista al desalojo y en cambio apele al diálogo.




La extensa toma de la que ha sido objeto la central hidroeléctrica Pangue -ubicada en la Región del Biobío- por parte de una comunidad mapuche, sin que hasta ahora la autoridad haya adoptado las medidas para proceder a un desalojo, no solo ha causado preocupación ante la eventualidad de que el suministro de energía pueda verse comprometido, sino que está dejando una incómoda impresión respecto de cómo el gobierno pretende enfrentar conflictos sociales que se valen de acciones de fuerza.

Desde el 24 de enero que los accesos a la central se han visto interrumpidos por parte de esta comunidad, pero con el correr de las semanas el accionar de dicho grupo se ha vuelto más violento, llegando al punto de forzar la salida de todos los trabajadores del complejo hidroeléctrico, lo que ha motivado que la central deba ser comandada vía remota. Aun cuando ello ha permitido mantener su funcionamiento, la empresa Enel -propietaria de la central- ha advertido que la operación se encuentra al límite, existiendo el riesgo de que la generación pueda verse interrumpida, o que se produzcan daños en las instalaciones. Además, si las aguas embalsamadas no logran ser adecuadamente manejadas, ello también pone en peligro la operación de otras centrales que se nutren de dicho cauce, así como a todo el resto de las actividades productivas y asentamientos que dependen de estas aguas.

La empresa ha presentado una serie de acciones judiciales para requerir de la autoridad el desalojo mediante el auxilio de la fuerza pública -incluso se llegó al punto de presentar un recurso de protección en contra de la delegada presidencial y de Carabineros-, pero la autoridad pertinazmente ha desestimado este camino. La delegada presidencial de la región ha justificado esta inacción señalando que “la violencia llama a más violencia. Esta es una solución de diálogo”.

Dichas afirmaciones llaman poderosamente la atención, tanto por el sesgo que llevan implícitas, como por la posibilidad de que estén anticipando los criterios que la autoridad tendrá a la vista para efectos de llevar a cabo su estrategia de control del orden público, donde el mecanismo del desalojo podría ser usado discrecionalmente. Por de pronto, llama la atención que la autoridad asimile a “violencia” el ejercicio de prerrogativas que están establecidas en la ley, y que son consustanciales a cualquier estado de derecho. Privar del ejercicio de la propiedad o consentir que servicios básicos se puedan ver interrumpidos por acciones de fuerza contravienen el orden legal.

Sin perjuicio de que frente a demandas o exigencias de las comunidades es válido que la autoridad busque impulsar caminos de diálogo, a la par han de trazarse claras fronteras entre acciones de protesta lícitas versus aquellas que no lo son. En este caso en particular, es llamativo que incluso comunidades pehuenches de la zona hayan tomado distancia de esta toma, lo que hace aún más inexplicable que las autoridades se resistan a actuar conforme lo demanda el estado de derecho; a ello cabe añadir que el silencio del Ministerio del Interior respecto de este caso amplifica los resquemores de que podamos estar ante una política institucional y no meramente a algo excepcional.

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